El Frente Amplio por la Democracia (FAD) no concibe la idea de nombrar a políticos como magistrados del Poder Electoral en Nicaragua. Sugieren que las personas que ocupen esos cargos sean de la sociedad civil.
“Estamos totalmente opuesto a que se haga lo que ha venido haciendo en el pasado, que es el origen de este problema. Fue el pacto que se hizo para volver el CSE en un coto de repartición de cuotas de poder entre dos partidos, eso es el problema de fondo”, sostuvo Granera.
Son purezas irreales
Adán Bermúdez Urcuyo, vicepresidente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) difiere del pensamiento del FAD y afirma que vetar a un político para asumir un cargo en el Poder Electoral viola sus derechos constitucionales.
“Yo creo que aquí en Nicaragua no podemos andar con esas purezas que a veces invocan pero que no son reales, no veo porque restarle a un miembro de un partido político que sea reconocido como profesional poder optar a un cargo de ese tipo, eso es estar vetando a un nicaragüense”, declaró Bermúdez.
“Me parece que no hay que coartar la libertad y aspiración de un nicaragüense a cualquier cargo público siempre que cumpla con los requisitos”, añadió el vicepresidente de CxL.
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