Morales asumió el cargo el 14 de enero de 2016 después de ganar las elecciones en segunda vuelta en noviembre del 2015, ante el rechazo popular a los políticos tradicionales tras la caída del expresidente Otto Pérez, acusado de encabezar una red de corrupción.
Su lema de campaña “ni corrupto ni ladrón”, caló en el electorado que esperaba de él un impulso a la lucha contra la corrupción emprendida por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU.
Pero a dos años de haberse colocado la banda presidencial, las expectativas se esfumaron. “La gente creyó que lo nuevo significaba algo diferente, pero al final ni era nuevo ni fue diferente”, dijo a la AFP el analista político Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
Acusaron a familiares
El desencanto de la población hacia Morales llegó muy rápido. Ocho meses después de jurar como presidente, el fantasma de la corrupción tocó su puerta cuando un hijo y uno de sus hermanos fueron acusados de defraudación tributaria y lavado de dinero.
Además, la Fiscalía y la CICIG pidieron en agosto pasado retirarle la inmunidad para investigarlo por las sospechas de recibir fondos irregulares en la campaña electoral de 2015, pero el Congreso rechazó dos veces ese pedido judicial.
El mandatario complicó el panorama en agosto pasado cuando declaró “no grato” e intentó expulsar de Guatemala al jefe de la CICIG, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, una figura clave en la lucha contra la corrupción que libra el país desde 2015.
Estas situaciones provocaron que miles de estudiantes universitarios, colectivos sociales e indígenas reclamaran en las calles la renuncia del jefe de Estado.
¿Alineado a Trump?
Morales también cierra sus primeros dos años con la sorpresiva decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, un anuncio que levantó serias críticas locales e internacionales por ir contra la corriente de las decisiones mayoritarias en Naciones Unidas y plegarse al presidente Donald Trump.
La decisión la tomó tres días después de que Guatemala y otros seis pequeños países se alinearon con Estados Unidos e Israel para rechazar la abrumadora condena de la Asamblea General de la ONU al reconocimiento de Washington a Jerusalén como capital israelí.
El gobierno ha rechazado que haya habido presiones estadounidenses y de Israel para realizar el traslado de su embajada, al asegurar que fue una “decisión soberana”.
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