El gobierno de Daniel Ortega no impedirá el clamor general de la población nicaragüense para que haya justicia en el genocidio, masacre y crimen de lesa humanidad por el asesinato de seis campesinos, incluyendo dos menores de edad, en el Municipio La Cruz de Río Grande, Región Autónoma del Caribe Sur, señalaron hoy, organizaciones feministas de la sociedad civil en una conferencia de prensa.
La masacre ocurrió el domingo doce de noviembre del corriente año en la comunidad San Pablo 22, del Municipio de La Cruz de Río Grande, Caribe Sur de Nicaragua, donde murieron seis personas campesinas a manos de militares incluyendo a tres miembros de la familia Pérez-Valle, según testimonios de los lugareños.
Los miembros del Ejército de Nicaragua, según la versión oficial dada a conocer por el jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua, daban persecución a seis civiles durante nueve días, tras supuestas denuncias recibidas de la población que se trataban de delincuentes, quienes luego de ser acribillados, sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común.
La feminista Ana Quiroz, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, afirmó que la Policía Nacional no impidió el clamor de justicia de doña Elea Valle, madre de dos menores asesinados por el Ejército de Nicaragua, durante la protesta del pasado sábado 25 de noviembre donde el Movimiento Feminista realizaba una protesta en el marco del “Día Internacional de la No Violencia Hacia la Mujer”.
Las autoridades de gobierno no callaran las voces que demandan el esclarecimiento y castigo para los perpetradores físicos e intelectuales de la masacre en la Cruz de Río Grande y tendrán que explicarlo ante instancias internacionales, indicó la promotora feminista.
Pese a la persecución del gobierno de Daniel Ortega hacia el movimiento feminista en Nicaragua, las protestas de las féminas continuarán en las calles demandando que se respete el derecho a la vida, cese de la violencia institucional y la libre movilización de los nicaragüenses, aseguró por su parte, Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
El MAM aprovechó la oportunidad con los medios de comunicación para lanzar la jornada de 16 días de movilización permanente que inició el 25 de noviembre y concluirá el diez de diciembre de 2017 con la conmemoración de los 69 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por su parte, el Movimiento Feminista Nicaragüense calificó al gobierno y al Estado de Nicaragua de promover antivalores, por obstaculizar la protesta en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia Hacia las Mujeres.
La Constitución Política de la República establece el derecho a la libre movilización sin ninguna restricción, indicaron las féminas en la conferencia de prensa.
Por el contrario, señalaron al gobierno y al Estado de Nicaragua de ser la única instancia que violenta este principio constitucional cuando dejan sin transporte a la ciudadanía cada vez que realizan sus actos públicos, reprocharon las feministas.
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