La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua inhabilitó de forma definitiva a 25 abogados, entre ellos a la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, bajo el argumento de que les “retiraron su nacionalidad y son traidores a la patria”.
En una resolución, la Suprema Corte decidió anular los títulos de abogado y notario público a los 25 juristas, a quienes les ordenó además entregar sus títulos, protocolos respectivos, sello, y carné de jurista en 24 horas, “bajo apercibimiento de ley, si no lo hiciese”, pese a que la mayoría fueron expulsados a Estados Unidos o residen en el exilio.
Es la segunda vez en tres días, y la primera a un grupo de 25 abogados, que la Suprema, bajo el control del dictador del país, Daniel Ortega, suspende definitivamente del ejercicio de la profesión a juristas, desde que estalló la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace cinco años.
Además de Núñez también se inhabilitó al escritor Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1985-1990), los magistrados judiciales también inhabilitaron a su ex colega Rafael Solís, al ex vicecanciller José Pallais, y al ex embajador sandinista en la OEA Edgard Parrales.
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Entre los otros abogados están: María Oviedo, Gonzalo Carrión, Álvaro Leiva, a los políticos opositores Ana Margarita Vigil, Eliseo Núñez, Noel Vidaurre, Héctor Mairena, a la activista Mónica López Baltodano, al jurista Uriel Pineda, y Roger Reyes, defensor del ex aspirante presidencial Félix Maradiaga.
Además, al antiguo portavoz de la Corte Suprema Roberto Larios, y a Moisés Astorga y los hermanos María José y Hans Camacho Chévez, estos últimos tres, ex asesores de la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, entre otros.
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