La Fiscalía de Perú considera que el expresidente de izquierda, Pedro Castillo puede ser condenado a más de 31 años de cárcel por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su Gobierno (2021-2022), por los que solicitó que se le impongan 36 meses de prisión preventiva.
Las autoridades señalaron que al exgobernante se le imputan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado.
En esta investigación también se ha implicado a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes también se ha solicitado la prisión preventiva.
Castillo permanece en prisión desde el 7 de diciembre pasado, cuando fue detenido por intentar dar un autogolpe de Estado y después de que el 16 de diciembre la Justicia dictara una primera prisión preventiva en su contra, mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración.
El nuevo pedido fiscal de encarcelamiento preventivo se ha hecho por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero pasado el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso necesario para retirar la inmunidad con la que contaba por su condición de ex jefe de Estado, según detallaron fuentes internacionales.
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