La resolución 33/2017 de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares Francisca Ramírez líder campesina del movimiento por la tierra, lago y soberanía también conocido como el movimiento anticanal por ser amenazada, hostigada y violentada en el ejercicio de sus funciones dice el informe “que dió lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar la repetición de estos actos en contra de dicha líder.
las detenciones de manera arbitraria en varias oportunidades durante los años 2014, 2015 y 2016 por varios motivos, destaca en la información brindad ante la CIDH y de esta manera ilustrar la presunta criminalización de la cual es objeto la líder Ramírez,
En otro detalle del informe destaca que en octubre de 2016, uno de sus hijos de nombre Gleybing López Álvarez fué asaltado por un grupo de personas armadas y con uniforme militar. Según los exponentes, estos presuntos hechos ocurrieron al día siguiente de que un líder comunitario del partido de gobierno “la acusara de ser la líder de grupos de narcotraficantes ”, refleja la resolución.
Se hizo del conocimiento de la CIDH el atentado contra su hijo Maynor López Ramírez, el 23 de abril de este año 2017, cuatro días después Ramírez y su cónyuge “habrían sido objeto de una persecución vehicular durante un traslado terrestre entre dos comunidades por parte de personas que portaban uniformes que parecían de militares y a quienes en la solicitud se les refiere como integrantes de las fuerzas armadas”.
De la misma manera fue denunciada la intimidación a la esposa de un trabajador cercano a Ramírez el 4 de mayo de 2017, por tres hombres no identificados y encapuchados para presionarla a decir información sobre la dirigente campesina. Señala que en su última comunicación en agosto pasado los solicitantes de los medidas cautelares a favor de Ramírez indicaron que la situación de riesgo persistía pues a inicios de ese mes el vehículo del hermano de Ramírez, Faustino Felipe Flores Gutiérrez, ” habría sido abierto por personas desconocidas quienes habrían dañado el sistema eléctrico del mismo, a pesar de que no habrían robado ningún artículo al interior del mismo”.
También la resolución destaca las llamadas de parte del secretario político del Gobierno en la zona que le habría señalado entre otras cosas que “está siendo manipulada por las organizaciones de derechos humanos y que ella está intentando engañar a las personas”. A su vez, las declaraciones de esa misma persona que habría declarado en programas de radio que Ramírez y su movimiento constituirían “un grupo político que quiere tomar el poder y minar al gobierno actual”.
El abogado especialista en derechos humanos, Ramón Eugenio Rodríguez, valoró las medidas a favor de Francisca Ramírez “sumamente importante para esta familia, y la labor que realiza toda persona que se sienta defensor(a) de derechos humanos en Nicaragua, pues retoma el deber que tiene la CIDH ante las amenazas, riesgos y demás arbitrariedades que se han cometido y pueden continuar cometiéndose ante el poco respeto a los derechos humanos en el país”.
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