El Gobierno de Nicaragua bajo la administración del presidente Daniel Ortega ordenó el cierre de otras 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) a petición del diputado sandinista Filiberto Rodríguez.
El parlamentario sostuvo en la justificación que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En la nueva lista hay asociaciones de defensa de los derechos humanos, medio ambiente, periodistas, salud, desarrollo comunitario, asistencia social, ciencia y tecnología, entre otras, destaca la agencia de noticias EFE.
Con estás 100 organizaciones sumarían 958 las canceladas desde las protestas. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que la ilegalización forma parte de un proceso de ordenamiento “de algo que estaba al garete”, debido a que había organizaciones sin funcionar y otras que incumplían con las leyes, no rendían cuentas o no cumplían con sus propios estatutos.
Sentenció que continuarán “con este trabajo de limpieza”, bajo el argumento de que no pueden existir más de seis mil ONG en Nicaragua “que no estén haciendo nada”.
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Además, calificó a los organismos sin fines de lucro de “instrumentos del neoliberalismo”, de haber “tomado auge en los gobiernos neoliberales”, en alusión a las Administraciones entre 1990 y 2007, “precisamente para actuar como instrumento contra los sindicatos y la organización del pueblo”, aunque varias de las disueltas fueron formadas por sandinistas.
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