A través de una declaración pública, la Asociación Familiares de Presos Políticos (AFPP) rechazó la decisión del gobierno de Daniel Ortega de expulsar a Thomas Ess, jefe de misión del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR).
Los ciudadanos que conforman la AFPP, consideran que la expulsión, sin motivos o explicación, es “una violación sobre los derechos humanos de los nicaragüenses, principalmente quienes se encargan de velar y proteger los mismos”.
María Cristina Rivera, coordinadora de comunicaciones de la Cruz Roja para México y América Central, dijo el pasado jueves que desconocían las razones de esta decisión que los tomó por sorpresa. Pese a esta situación, el CICR ratificó su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegada a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, explicó Rivera.
Thomas Ess fue nombrado como el nuevo delegado del CICR en Nicaragua el pasado 30 de enero, en sustitución de Laure Schneeberger, quien ostentaba el cargo desde marzo de 2019, cuando la organización estableció una oficina en el país para dar seguimiento al tema de los presos políticos.
Thomas Ess.
“Desde el inicio de las protestas cívicas de abril de 2018 la Cruz Roja ha venido acompañando al pueblo nicaragüense a brindarles asistencia humanitaria de forma segura y veraz, a raíz del inicio de los encarcelamientos ilegales ha tenido un papel importante para los presos políticos y sus familiares, haciendo coordinaciones para constatar la situación de salud dentro de las cárceles de los presos”, indicó la AFPP en la declaración.
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La AFPP detalló que el CICR les brindaba “información de las condiciones de los detenidos y contaba “noticias específicas de lo que necesitaba cada uno de ellos”. “Los familiares no tenemos informes acorde la situación de cada uno, porque el gobierno lo impide”, agregó la organización.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua hay al menos 179 “presos políticos”, quienes sufren “torturas y malos tratos” en prisión.
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