Al menos cuatro horas después que se publicaran las declaraciones del embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, el gobierno de Daniel Ortega respondió diciendo que sus palabras “no tienen validez”.
Entre muchas otras cosas, McFields denunció que en Nicaragua no existe libertad de expresión porque más de 150 personas están encarceladas por razones políticas. Recordó que el país es el único en Centroamérica en donde no hay un periódico impreso desde el año 2018, y afirmó que los trabajadores del Estado son obligados a “repetir consignas, porque si no lo hacen pierden el empleo”.
En su respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que McFields “no representa” a Nicaragua en la OEA, sino, el embajador Francisco Campbell Hooker, quien está “debidamente acreditado”.
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Comunicado.
Sin embargo, su nombramiento, el pasado mes de noviembre, fue promovido en todos los medios oficialistas, y hasta ahora no se ha anunciado un cambio. En notas periodistas publicadas recientemente lo nombran como embajador de Nicaragua en la OEA.
El diplomático McFields se portó sensato en su denuncia, y admitió que “nadie debe morir en la cárcel”. Desde el año 2018, en los penales de Nicaragua, han muerto dos presos políticos; Eddy Montes Preslín, y recientemente Hugo Torres, un general en retiro y exguerrillero que participó en importantes acontecimientos históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su lucha contra el somocismo, incluso en una operación para rescatar al mismo Ortega.
Recordó que, desde el año 2018, en Nicaragua “no hay ni libertad de publicar un simple tuit o comentario en las redes sociales”, y mencionó también que no existen organismos de derechos humanos porque “todos fueron cerrados, expulsados o clausurados”.
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“No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, y no existe separación de poderes, sino poderes fácticos”, refirió. Sus palabras fueron emitidas en una reunión del Consejo Permanente de la OEA.
Al concluir, aprovechó para condenar que universidades privadas hayan sido confiscadas, y que 137 organizaciones no gubernamentales perdieran su personería jurídica por orden del Ejecutivo. Seguido lamentó que al menos 170 mil nicaragüenses se han ido del país, y otros siguen huyendo.
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