La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, presentará un informe el próximo 3 de marzo en la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos, en el que denunciará una vez más los abusos que se cometen en Nicaragua.
En el escrito recomienda la libertad inmediata e incondicional para los presos políticos, la restitución y respeto a los derechos humanos, políticos y civiles en Nicaragua, así como la implementación pronta de reformas institucionales que garanticen el retorno del país al estado de derecho.
Bachelet hace hincapié en la violación a los derechos de los reos de conciencia que son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes “que podrían constituir torturas”, violentando las normas internacionales para el tratamiento de los privados de libertad.
En los meses previos a las elecciones, el Gobierno de Daniel Ortega detuvo a una treintena de opositores, entre ellos, siete aspirantes presidenciales, exguerrilleros, exdiplomáticos, líderes campesinos y estudiantiles. La mayoría se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “el nuevo chipote”.
“Estos han sido mantenidos bajo un prolongado y estricto régimen de incomunicación sin permitirles visitas familiares periódicas”, reitera el informe.
“El régimen de visitas es extremadamente restrictivo y los detenidos reciben dietas limitadas y desequilibradas, lo que ha provocado una pérdida de peso visible. No se les permite recibir alimentos traídos por sus familiares, ni se les permitió tener colchones y ropa de cama”, destaca el informe.
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Parte de los opositores y disidentes arrestados por Ortega.
Por otra parte, se refiere al paquete de leyes “creadas para perseguir arbitrariamente a opositores políticos y organizaciones de la sociedad civil”. Bachelet advierte que contienen definiciones ambiguas de “terrorismo” o “traición a la patria” que son incompatibles con el derecho internacional.
El informe concluye con 13 recomendaciones al Estado de Nicaragua, entre las que destaca la liberación inmediata y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente y renuncie a todos los cargos contra ellas.
Además, se solicita el inicio de un diálogo nacional significativo, como lo anunció Ortega en enero de 2021.
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