El Gobierno de Bolivia anunció que sentenciará con hasta 10 años de cárcel a quien no presente el certificado de vacunación contra el COVID-19 para asistir a eventos sociales masivos y a ciertas instalaciones públicas y privadas.
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La medida, que entrará en vigor el 1 de enero, considera que quienes no lo hagan estarían atentando “contra la salud pública”.
El pasado 23 de diciembre, la Cámara de Diputados boliviana dictó el Decreto Supremo 4641, que establece la necesidad de presentar como primera opción un certificado de vacunación y como segunda una prueba PCR negativa para ingresar a instituciones públicas y privadas, y para viajar dentro del país.
En un programa de un medio local del país boliviano, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo que el decreto impuesto con el fin de combatir la pandemia, no es un juego,
“No es chiste. No es una cosa que salió y el que quiere la cumple y el que no quiere no la cumple. Están poniendo en riesgo no solamente la salud de las otras personas que pueden concurrir no solo a fiestas sino a otro tipo de establecimientos tanto del sector público como el privado” detalló.
Silva explicó que la alternativa de un PCR negativo fue tomada porque “hay gente que es alérgica a ciertos medicamentos y a las vacunas. Hay gente que por creencias religiosas no quiere vacunarse. Por lo tanto se respeta esa decisión de los ciudadanos”. concluyó.
El último reporte del Ministerio de Salud da cuenta de 4.934 nuevos casos y 46 fallecidos en un día.
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Bolivia acumula 585.624 casos positivos y 19.622 decesos desde que se identificaron los primeros contagios en marzo de 2020.
En tanto la vacunación continúa y ya se suministraron 9.633.790 dosis entre primeras, segundas y terceras vacunas que ya se aplican a niños de 5 a 11 años.
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