Demandan aclaración del asesinato de un opositor en Mulukukú

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuya personería jurídica fue cancelada en diciembre 2018, exigió este lunes a la Policía de Nicaragua que aclare el asesinato de un opositor, que fue encontrado con signos de haber muerto de forma violenta en Mulukukú la madrugada del domingo.

“El Cenidh exige a la Policía Nacional esclarecer de inmediato el asesinato del excarcelado político Marlon Antonio Castro López, de Mulukukú (noreste), y dos personas más. Sus familiares, allegados y toda Nicaragua deben saber la verdad”, demandó la ONG, en un pronunciamiento.

https://twitter.com/cenidh/status/1475324560484491264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1475324560484491264%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.laprensa.com.ni%2F2021%2F12%2F27%2Fpolitica%2F2929268-cenidh-denuncia-el-asesinato-del-excarcelado-politico-marlon-castro-en-mulukuku

Miembros de organismos de excarcelados políticos, fueron quienes identificaron al opositor, que perdió la vida junto a dos personas tras ataque armado. Cada uno recibió dos impactos de bala, denunciaron habitantes del barrio Víctor Duarte de la comunidad Santa Rita, donde se registró el hecho.

El nombre del occiso corresponde a Marlon López Castro conocido como “El Charrito”. En redes sociales se viralizó imágenes del ciudadano cuando estuvo encarcelado. También se divulgó un video de cuando fue presentando por la policía y lo responsabilizan del asesinato de un miembro de la institución.

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https://www.youtube.com/watch?v=aOnuQRMS0_k&t=2s

Video cortesía Canal 13. Momento cuando Marlon López es presentando por la policía.

Castro, de 38 años, había sido arrestado en diciembre de 2018, tras participar en las protestas antigubernamentales que fueron reducidas con ataques armados en los que murieron al menos 355 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Tras el arresto, la policía acusó por supuesto “terrorismo” a Castro, quien fue excarcelado en junio de 2019, junto con otros 187 presos políticos, y que fueron beneficiados con una Ley de Amnistía que causó polémica, ya que los liberados no admitieron haber cometido delito al participar en las protestas.

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