Estados Unidos impuso el miércoles sanciones económicas a dos altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, señalándolos de corrupción vinculada a organizaciones criminales por participar en negociaciones encubiertas con líderes de pandillas encarcelados.
El Departamento del Tesoro dijo que incluyó en su lista negra a Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles, y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia, por sus tratos con altos mandos de las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y Barrio 18.
Las sanciones, aplicadas en virtud de la Ley Global Magnitsky de 2017, que apunta contra la corrupción pública y el crimen organizado, suponen el congelamiento de cualquier activo que los involucrados puedan tener en Estados Unidos y les prohíbe toda transacción a través del sistema financiero estadounidense.
El gobierno de Joe Biden dijo que las sanciones se alinean con los objetivos de la Cumbre por la Democracia que el presidente acogerá este jueves y viernes, así como con la Estrategia de Estados Unidos para Combatir la Corrupción, publicada el 6 de diciembre, que aborda el nexo entre corrupción y actividades ilícitas como una prioridad de seguridad nacional.
“El crimen organizado respaldado por actores corruptos puede desestabilizar el estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.
“Continuaremos utilizando todas las herramientas disponibles para romper los vínculos entre la actividad delictiva y la corrupción”, prometió.
Las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, más de 17.000 de ellos encarcelados, y se dedican a la extorsión, el narcotráfico y otras actividades ilegales.
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