El gobierno estadounidense de Joe Biden, informó este martes que todos los funcionarios y sus familiares, allegados al presidente Daniel Ortega, tienen restringida la entrada a la nación norteamericana.
“Se restringe y suspende el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, de miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo”, cita un comunicado de prensa de la Casa Blanca.
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La medida de suspensión también incluye a los funcionarios recientemente electos en las votaciones del pasado 7 de noviembre, como también alcaldes, vicealcaldes, y todos los secretarios políticos que “participaron e influyeron en las violaciones y abusos de los derechos humanos, cometidas a los manifestantes de las protestas de abril 2018”, indica la administración estadounidense.
La restricción alcanza a los miembros del Ejército de Nicaragua, Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, y grupos paramilitares. Cabe señalar que los hijos, y cónyuges de personas que mantienen cargos públicos dentro del gobierno, también se les prohíbe la entrada.
“Esta proclamación permanecerá en vigor hasta que el Presidente la dé por terminada. El Secretario de Estado recomendará, según las circunstancias, si el Presidente debe continuar, modificar o dar por terminada esta proclamación”, señalan.
El documento añade que esta proclamación no afectará a ciudadanos que permanezcan de manera legal en la nación estadounidense o a cualquier refugiado que realizan gestiones para obtener asilo político.
“No aplicaría a quien ha tomado medidas» para ayudar a restaurar la democracia”, adjunta el escrito.
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La jefatura de Biden afirma que los ataques represivos por parte de Ortega a líderes de la oposición, líderes de la sociedad civil y periodistas, obligó a EE.UU. a actuar. Además agregó que las acciones ejecutadas por el gobierno han deteriorado el proceso electoral en Nicaragua, dejando claro que estas nuevas medidas forman parte de una respuesta internacional en rechazo a las votaciones del pasado domingo.
En la misma línea reiteraron una vez más que Ortega-Murillo ha utilizado las instituciones policiales y penitenciarias para reprimir y encarcelar a opositores, como a los precandidatos presidenciales y los demás de 130 presos políticos, quienes permanecen detenidos en condiciones precarias, según han denunciado sus familiares.
“Los familiares y los medios de comunicación han informado de que algunos presos han perdido mucho peso durante la detención, no pueden caminar sin ayuda, han sido recluidos en régimen de aislamiento y son sometidos a frecuentes y extensos interrogatorios”, refleja el informe.
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