La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de las dirigentes del partido Unamos, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona y la exguerrillera sandinista Dora María Téllez, entre otras figuras de la oposición que aún permanecen detenidos por el gobierno de Daniel Ortega.
La comisión también se encargo de brindar medidas de protección al exdirectivo de Funides, Luis Alberto Rivas Anduray, a los exguerrilleros sandinistas y directivos del partido Unamos, Jorge Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco Fonseca, y el precandidato presidencial, Arturo José Cruz Sequeira por considerar que afronta una situación de gravedad en relación a sus derechos humanos.
El organismo dijo haber tomado en cuenta “el contexto por la que atraviesa Nicaragua y que las alegadas situaciones de riesgo de las personas beneficiarias estarían relacionadas con sus perfiles como opositoras al Gobierno”.
Además dejo entrever que que Tinoco Fonseca, Cruz Sequeira y Rivas Anduray padecen de diversas enfermedades crónicas, así como que los señores Torres Jiménez y Cruz Sequeira son personas mayores.
En ese contexto la comisión solicita a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas privadas de libertad ya antes mencionadas.
El gobierno de Daniel Ortega ha calificado a los detenidos como “delincuentes y criminales”, por pretender realizar un golpe de estado, según expresó Ortega durante un discurso el pasado 24 de junio en el 83 Aniversario del Natalicio de Tomás Borge Martínez.
“Que quede claro que aquí no estamos juzgando a políticos, ni candidatos, sino que se está juzgando a criminales que atentaron en contra del país, contra la seguridad del país y contra la vida de los ciudadanos, ya que estaban organizando otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para lograr lo que ellos llaman el cambio de régimen”, dijo el mandatario en ese momento.
Por su parte la Comunidad Internacional ha dejado claro su posición respecto a los acontecimientos, alegando que en Nicaragua no habrá elecciones democráticas mientras haya presos políticos.
“La oposición ha sido eliminada. A los nicaragüenses se les ha despojado del derecho humano y derecho civil básico de votar en elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”, manifestó el pasado 10 de agosto en un comunicado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.
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