El informe anual del Departamento de Estado sobre el narcotráfico y el lavado de dinero en el mundo, enviado al Congreso estadounidense y relativo a 2016, tiene como principal novedad la inclusión de seis países latinoamericanos más en la lista de principales lugares de blanqueo de capital en el mundo.
Se trata de Cuba, Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que comparten listado con otros latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Venezuela.
España repite también en esa lista de unos 70 países, de la que este año han sido eliminados Francia, Alemania, Grecia, Austria, Australia, Israel, Japón y Filipinas, entre otros, además del propio Estados Unidos, que aparecía en ella en la anterior edición.
El Departamento de Estado advierte sobre “el significativo mercado negro en efectivo” en Cuba e insta a las autoridades de la isla a “aumentar la transparencia” de su sistema financiero; y sobre Ecuador, lo considera “altamente vulnerable” al blanqueo debido a “su economía dolarizada” y su ubicación entre Colombia y Perú.
En cuanto a Perú, el lavado de dinero se nutre de “medios no tradicionales” como el “comercio de madera, oro y productos falsificados”; mientras que en el caso de los países centroamericanos, el blanqueo proviene del narcotráfico y del retorno a Sudamérica del efectivo resultante de la venta de drogas.
El informe no incluye cambios en la lista de los mayores productores y países de tránsito de drogas del mundo, que incluye a 22 naciones, entre ellas 17 de Latinoamérica y el Caribe.
Se trata de Venezuela, Bolivia, Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice, Jamaica y Bahamas.
Las palabras más duras son para Bolivia y Venezuela, que desde hace al menos nueve años aparecen anualmente, junto a Birmania, como países que han “fracasado de forma demostrable” a la hora de cumplir sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico.
Esa determinación la hace en septiembre de cada año el presidente de EE.UU., y tiene como consecuencia la interrupción de la ayuda económica del Gobierno estadounidense, con la excepción de la asistencia humanitaria y la destinada a combatir el narcotráfico.
Fuente: EFE
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