El gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos Exteriores anunció la decisión de llamar a consultas a su embajadora, María del Mar Fernández-Palacios, y exigió al gobierno de Daniel Ortega respetar los derechos humanos de los nicaragüenses.
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Esto fue en respuesta al Ministerio de Relaciones exteriores de Nicaragua después de acusarlos de “intromisión, injerencia e intervención” en asuntos internos.
“El Gobierno de España rechaza de manera tajante el contenido de la nota remitida en el día de ayer por la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos”, expresa una parte del comunicado.
Respecto al llamado de su embajadora en Nicaragua el Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo que la decisión fue en basa a la nota emitida por el gobierno nicaragüense en la que señalaban “graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales.”.
Y por último señalo que las recientes acciones de la administración Ortega-Murillo contra la oposición descarta la posibilidad de celebrar unas elecciones con garantías, libres, justas y transparentes el próximo 7 de noviembre.
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“Las acciones tomadas por el gobierno impide la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, junto con la aprobación de un marco legal regresivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados”.
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