Desde septiembre 2018 las protestas cívicas en Nicaragua fueron criminalizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, utilizando a la policía como instrumento para violentar ese derecho constitucional. Desde entonces, las califican de ilegales y amenazan con procesar a quienes las convoquen.
El artículo 30 de la Constitución Política de Nicaragua (CP) establece que los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio, pero el régimen oficializó la criminalización de este derecho con la intención de desmovilizar a la población que pedía su renuncia.
El objetivo era que los ciudadanos desistan de seguir en las calles para hacer sus demandas al régimen, violentando también los artículos 53 y 54 de la CP, que reconocen el derecho de reunión pacífica sin permiso.
¿Ortega logró paralizar las protestas?
Si bien es cierto en Nicaragua se nota una disminución de movilización en las calles en cuanto a protestas.
El sociólogo, Cirilo Otero, explica que la criminalización del derecho obligó a una transición, es decir, la gente dejó de protestar masivamente y se enrumbó a realizar pequeñas manifestaciones (piquetes exprés) en las arterias de Managua, y se implementaron otros tipos de expresiones cívicas.
Policía orteguista capturando a manifestantes.
FOTO: Cortesía.
“La represión declarada y ejecutada por esta dictadura no ha logrado cambiar la capacidad de protesta de la sociedad, hay mil formas, si vos lees las redes ahí te vas a encontrar con protestas, si vos vas a las calles te encontrás con protestas, aunque sea en pequeñas cantidades”, afirmó.
Voz de sociólogo Cirilo Otero
Impedir protesta es un crimen de lesa humanidad
El abogado y activista de derechos humanos, Uriel Pineda, explica que criminalizar las protestas constituye un crimen de lesa humanidad, el cual no prescribe.
“Más allá de la violación al derecho humano, es – con todas sus letras – un crimen de lesa humanidad”, aseguró.
Voz de abogado Uriel Pineda.
Una de las peores expresiones de represión que Ortega y Murillo han emprendido contra la población pacífica, fue el 30 de mayo de 2018, cuando una multitudinaria marcha se realizó en el centro de Managua en conmemoración del Día de las Madres y por la libertad de Nicaragua.
Ciudadanos heridos en la protesta del 30 de mayo del 2018 en Nicaragua.
Ese día centenares de policías, acuerpados por paramilitares atacaron sin piedad la marcha en Managua, y se estima que murieron aproximadamente 19 ciudadanos, y en paralelo en otros departamentos asesinaron al menos 10 personas, según informes de organismos de derechos humanos.
Mientras Ortega aumenta los niveles de represión, la comunidad internacional mantiene la demanda ante Ortega que deje de reprimir al pueblo de Nicaragua y que les restituya sus derechos constitucionales secuestrados desde abril de 2018, siendo uno de esos derechos el de la libertad de movilización pacífica.
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