El Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a 27 funcionarios del régimen Orteguista, a quienes han vinculado de violaciones a los derechos humanos y corrupción.
El primer funcionario sancionado por Estados Unidos fue en el año 2017, Roberto Rivas ex presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), en el marco de la ley Global Magnitsky, la cual implica la cancelación de visas, congelar bienes y activos a personas privadas acusadas por actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
(segundo por la derecha) / FOTO: Carlos Herrera
5 de julio del 2018
Encabezando la lista de sancionados en el mes de julio del 2018 el comisionado general de la Policía Orteguista, Francisco Díaz, lo señalan como responsable de la represión policial contra los manifestantes de las protestas cívicas.
En este mismo marco de la Ley Magniysky, en 2018, sancionan al tesorero del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, quien también es presidente de las juntas directivas de Petróleos de Nicaragua (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), señalado de corrupción en el manejo discrecional de la cooperación venezolana, y por usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno, según el departamento del tesoro.
Imagen: Infobae
En la lista también entra el secretario de la Alcaldía de Managua (ALMA), Fidel Moreno, quien fue señalado como el responsable de dirigir actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno de Nicaragua.
27 de noviembre 2018
Estados Unidos anuncia las sanciones financieras en contra de la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo y al colaborador de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, incluyéndolos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros orden ejecutiva, firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
17 de abril de 2019
El Departamento de Tesoro estadounidense sanciona al hijo de la pareja presidencial y asesor de la presidencia, Laureano Ortega, según Estados Unidos es un facilitador clave de la corrupción del régimen y en nombre del Gobierno buscó apoyo financiero internacional e inversión extranjera. Al hacerlo, colocó los intereses de su familia y su fortuna personal por encima de los intereses del pueblo nicaragüense al participar en acuerdos comerciales corruptos.
FOTO: El Nuevo Diario
En ese mismo anuncio se sanciona a Banco Corporativo (Bancorp) por estar involucrado en una vasta red de corrupción y lavado de dinero, sirviendo como fondo ilícito personal para la familia Ortega y el instrumento para acuerdos corruptos con Nicolás Maduro y su ex régimen en Venezuela, cita el comunicado.
21 de julio 2019
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite nuevas sanciones contra otros tres funcionarios del régimen Ortega-Murillo, en esta ocasión al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; a la ministra de Salud, Sonia Castro; al general en retiro Óscar Mojica y al director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo.
Gustavo Porras y Sonia Castro fueron sancionados con la Ley Nica Act, a Castro la responsabilizan de ser la responsable directa de negarle el derecho de atención médica a los manifestantes heridos, así como de despedir al personal médico que les brindaba ayuda. Y a Porras, de ser arquitecto en jefe de las estrategias legales punitivas del gobierno de Nicaragua contra ciertas organizaciones civiles, en un esfuerzo por paralizar cualquier y todo tipo de descontento.
Imagen: El Nuevo Diario
Orlando Mojica es señalado de silenciar y manipular a la prensa independiente del país. Como resultado de todas estas medidas los activos en Estados Unidos están bloqueados y los estadounidenses están en general prohibidos de realizar transacciones con estos funcionarios.
7 de noviembre 2019
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el 7 de noviembre de 2019, que había añadido a tres funcionarios más del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a su lista de sancionados implicados en abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción.
Los sancionados en esa ocasión sancionan al Comisionado General de la Policía Orteguista, Ramón Avellán, el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) Lumberto Campbell este es el segundo funcionario de la Asamblea Nacional sancionado por Estados Unidos, el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) Roberto López.
Ramón Antonio Avellán Medal (Avellán) ha sido designado conforme a la Orden Ejecutiva 13851 y la NHRAA por su carácter de actual funcionario del gobierno de Nicaragua, y por ser subdirector general de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN), una entidad que en forma directa o a través de sus miembros ha participado en graves actos de violencia o violaciones de derechos humanos contra personas asociadas con las protestas que empezaron el 18 de abril de 2018, dicta el comunicado.
Imagen: Radio Corporación
Roberto López es sancionado por dirigir una entidad que ha realizado o cuyos miembros han participado en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción por o en nombre del Gobierno de Nicaragua.
A Campbell lo señalan de recurrir a tácticas antidemocráticas orientadas a asegurar que el presidente Daniel Ortega y sus aliados ganen las elecciones, lo que incluye dar instrucciones a los empleados públicos de que voten a favor de Ortega y otros candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, (FSLN).
12 de diciembre 2019
Esta vez se anuncian nuevas sanciones financieras contra de Rafael Ortega, hijo de Daniel Ortega, y tres empresas nicaragüenses, Inversiones Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia, S.A.
Rafael Ortega es el principal gestor de dinero detrás de los ilícitos mecanismos financieros de la familia Ortega Murillo, señala el documento de Departamento de Tesoro, quien también agrega que sancionan a las empresas utilizadas para lavar dinero, con el que sostener el régimen a expensas del pueblo nicaragüense.
5 de marzo de 2020: Sancionan a la Policía Nacional de Nicaragua y comisionados
El Gobierno de Estados Unidos impone sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua, y a tres comisionados generales de esta institución, el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que controla la cárcel conocido popularmente como “El Chipote”, Luis Alberto Pérez Olivas; el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) Justo Pastor Urbina, y el comisionado mayor Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua.
A la institución policial la acusan de ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en los graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua, “El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”, expresó el secretario Steven T. Mnuchin.
22 de mayo 2020
Los altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega, el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Adolfo Acosta, son sancionados el 22 de mayo de este año
“Las continuas violaciones del régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables”, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, en el comunicado.
Avilés es sancionado por brindar apoyo a la policía y las pandillas paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense, incluidos ataques contra manifestantes durante las movilizaciones que comenzaron en abril de 2018. y al Ministro de Hacienda y Crédito Público, de coordinar finanzas del régimen para priorizar la represión y evitar reformas democráticas y la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos.
17 de julio 2020
Otro hijo de la pareja presidencia es sancionado, esta vez a Juan Carlos Ortega Murillo, a José Jorge Mojica Mejía, junto a ellos las empresas Difuso Comunicaciones S.A. y Mundo Digital S.A. por facilitar las actividades corruptas del régimen de Ortega en Nicaragua y beneficiarse con ellas.
“Juan Carlos Ortega Murillo, administra una empresa de medios denominada Difuso Comunicaciones S.A., que utiliza para acallar a voces independientes, difundir la propaganda del régimen y defender la violencia y la represión perpetradas por Ortega. Desde hace tiempo, Mojica y Mundo Digital S.A. se benefician a través de acuerdos corruptos con el régimen, tanto con el fin de enriquecerse como de facilitar que asociados del régimen eludan sanciones”, se lee el documento.
9 de octubre 2020
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC), se informa en el mes de octubre a la fiscal general de la República Ana Julia Guido, al ministro-secretario privado para Políticas Nacionales, Paul Oquist Kelley, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna).
“Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua. Estas personas y esta entidad apoyan y se benefician de las actividades corruptas y represivas del régimen de Ortega en Nicaragua”, cita el comunicado.
A Guido quien es la Fiscal General de la República, la acusan de ayudar a formar un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional nicaragüense, entidad bajo sanciones de EE. UU, para fabricar casos en contra prisioneros políticos. Además, Guido creó una unidad especializada que se dedicó en los últimos dos años a presentar acusaciones contra manifestantes pacíficos.
Por su parte, a Oquist que es el secretario de la Presidencia del presidente Daniel Ortega, y juega un rol central en el encubrimiento y justificación de los crímenes y violaciones de derechos humanos del régimen, detalla el documento.
21 de diciembre 2020
La presión para el Gobierno de Nicaragua se mantiene en este 2020, pues el Departamento de Tesoro de Estados Unidos sanciona a tres funcionarios más del régimen de Daniel Ortega, estos últimos son: el vicepresidente de la Corte Suprema de Nicaragua, Marvin Ramiro Aguilar; el diputado Wálmaro Antonio Gutiérrez y el comandante de la policía de León, Fidel De Jesús Domínguez.
Marvin Ramiro Aguilar García es vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista y miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Aguilar es señalo de que asegura que los partidarios del régimen sean seleccionados para puestos claves, dicta el comunicado, y como secretario político nacional, Aguilar asesora directamente al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo y, según consta, coordina la persecución de miembros de la oposición prodemocrática, agregan.
Al diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado lo acusan de abogar públicamente por la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, que especifica que ciertas personas y entidades en Nicaragua que reciben fondos extranjeros deben registrarse y hacer informes mensuales detallados para el Ministerio del Interior.
Y por último al jefe de la Policía Nacional de Nicaragua en León, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez que según el comunicado estadounidense se alega, que ha dirigido ataques contra muchos ciudadanos y periodistas nicaragüenses. Específicamente,
“Domínguez presuntamente dirigió la golpiza de un periodista por parte de agentes de la Policía Nacional de Nicaragua. Según consta, también estuvo involucrado en los abusos y golpizas de un exdiputado de la oposición y otros opositores de Ortega”
Sanciones aplicadas por crímenes de lesa humanidad
Desde el inicio de las protestas del abril 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad según informes de las organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), por lo cual Estados Unidos ha venido sancionando a funcionarios del régimen, incluyendo a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, manteniendo la presión internacional para que en Nicaragua se respeten los derechos humanos de los nicaragüenses.
Todos los datos obtenidos para esta nota informativa, provienen de los informes de Departamento de Tesoro de Estados Unidos, confirmadas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC).
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