Al cumplirse dos años de la rebelión Cívica de Abril, Nicaragua vive la quinta etapa de la represión asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta quinta fase está “caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas”.
En estos 24 meses “la CIDH observa la persistencia del quebrantamiento del principio de separación de poderes y el debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, a través de la concentración del poder en el Ejecutivo y la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como la percepción del funcionamiento de la Asamblea Nacional en plena alineación con el Ejecutivo”, resalta el organismo.
Puntualizan que la respuesta represiva del Estado a las protestas cívicas “ha resultado en la muerte de 328 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; cerca de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 777 personas fueron privadas de la libertad”.
Por otro lado, según datos registrados por el ACNUR, más de 100 mil personas se habrían visto obligadas a huir desde Nicaragua a países vecinos; más de 90 periodistas y trabajadoras y trabajadores de medios forzadas al exilio. “Dichas violaciones permanecen en absoluta impunidad”, resaltan.
“La Comisión expresa su preocupación por el mantenimiento de un estado de excepción de hecho, a través de un Estado policial que mantiene suspendidos o severamente limitados derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación, donde no se permite ninguna forma de disidencia, el derecho de reunión, a la defensa de derechos humanos, a la protesta social y a participar en la dirección de los asuntos públicos, consolidándose así el más intenso y sistemático ataque a las libertades públicas ocurrido en el país desde el inicio de la crisis”, expone la CIDH.
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