Mientras el mundo se enfrenta a un desafío histórico, el gobierno de Daniel Ortega ignora flagrantemente las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en relación con la pandemia del COVID-19, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de personas en Nicaragua, dijo hoy Amnistía Internacional. Esto se aúna a la grave crisis de derechos humanos que azota al país desde hace dos años, con un saldo de al menos 328 personas muertas, unas 2,000 heridas y más de 100 mil personas forzadas a huir del país.
“La respuesta de las autoridades nicaragüenses a la grave amenaza que supone el COVID-19 pone en evidencia una vez más que el gobierno del presidente Ortega no asume ninguna responsabilidad sobre los derechos humanos de las y los nicaragüenses, dejándolos en total desprotección”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Desde el 18 de abril de 2018, el gobierno del presidente Ortega ha hecho del amedrentamiento, la impunidad y el exilio forzado prácticas habituales. Es sorprendente que, después de impedir y reprimir cualquier tipo de protesta social durante los últimos dos años, ahora promueva marchas masivas y aglomeraciones, exponiendo a la población ante la pandemia”.
Organizaciones locales han denunciado que el gobierno no está cumpliendo las recomendaciones emitidas por organismos internacionales sobre el COVID-19 y que, por el contrario, ha tomado acciones que podrían poner en peligro a miles de personas. Así, en plena pandemia, el 5 de abril, instituciones estatales organizaron una misa pública para dar inicio al periodo de celebraciones religiosas. El 6 de abril, entidades estatales impulsaron un evento público para elegir la Reina Verano 2020 del departamento de Managua y, el 12 de abril, el Instituto Nicaragüense de Turismo organizó el Summer Music Fest 2020 en varias localidades.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha documentado que las autoridades han promovido otros actos masivos durante marzo y abril, como desfiles y actividades turísticas. Además, previo al receso escolar que inició el 5 de abril por las celebraciones religiosas de Pascua, medios de comunicación reportaron que algunos padres y madres fueron presionados por personal de las escuelas para llevar a sus hijos e hijas a los centros educativos.
La Organización Panamericana de la Salud ha expresado su preocupación por la respuesta del gobierno de Nicaragua ante el COVID-19, al no incluir medidas de distanciamiento social, pero si la convocatoria de aglomeraciones masivas. Además, calificó de inadecuados los procesos de prevención y control implementados por las autoridades.
Grupos locales continúan denunciando la falta de información proporcionada por el gobierno sobre la pandemia y las políticas públicas de prevención, diagnóstico y contención. Por ello, han organizado sus propios mecanismos de recopilación y procesamiento de información sobre casos sospechosos de COVID-19 y difunden públicamente información sobre las medidas para prevenir el contagio.
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