En Venezuela, Nicaragua y Cuba tiene lugar un ataque desde el estado hacia periodistas, medios de comunicación independientes y activistas opositores, refleja el Informe Anual 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El reporte de la entidad de la Organización de Estados Americanos, OEA, dice que estos ataques ocurren a través de detenciones arbitrarias, distintas formas de censura y bloqueos de sitios de internet.
También hay vigilancia de las comunicaciones digitales y espionaje a medios y comunicadores, persistiendo la implementación de estrategias de control y vigilancia a las comunicaciones de ciudadanos en las redes sociales.
En Venezuela, estas violaciones continuaron profundizándose en 2019 en el contexto de una agudización del conflicto político y social, dice el informe.
La violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, ejercida en muchos casos por los propios miembros de las fuerzas de seguridad, se acrecentó durante eventos de interés público, como protestas, actos políticos o debates legislativos.
Numerosos periodistas fueron detenidos de manera arbitraria por miembros de la policía o de los servicios de inteligencia mientras desempeñaban su trabajo o cubrían manifestaciones, y reiteradamente fueron forzados a borrar material periodístico.
Además, añade el informe, se constató un patrón de censura en Venezuela, mediante el bloqueo sistemático de sitios web de medios periodísticos, redes sociales o servicios de streaming ordenados por las autoridades estatales y ejecutados por la proveedora pública de Internet, CANTV.
Asimismo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el bloqueo de canales internacionales de noticias de los servicios de televisión para abonados, dispuso el cierre de emisoras y ordenó suspender la transmisión de determinados programas.
La Relatoría Especial recibió información sobre varios casos de detenciones arbitrarias, y procesos penales llevados adelante contra periodistas en presunta represalia por su labor informativa, en muchos casos sin las garantías del debido proceso.
El estado continuó también las detenciones arbitrarias y la posterior aplicación de normas penales vagas, ambiguas y desproporcionadas que restringen libertad de expresión para silenciar opiniones o informaciones críticas sobre la situación política y económica que atraviesa el país.
En Nicaragua, gobierno prosiguió adoptando acciones represivas dirigidas a restringir de manera sistemática el ejercicio de la protesta, el ejercicio del periodismo independiente y el accionar de las y los defensores de derechos humanos.
En ese contexto, los principales periodistas del país debieron permanecer varios meses en el exilio y las redacciones y equipos de los medios privados Confidencial, Niú, Esta Semana y Esta Noche, y de 100% Noticias fueron confiscados y no fueron restituidos al finalizar el año.
VOZ DE AMÉRICA
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