El gobierno de Pedro Sánchez no tiene la intención de imponer algún tipo de visa a los migrantes venezolanos, con el fin de limitar el ingreso de connacionales a sus latitudes. Así lo señaló Juan José Buitrago de Benito, cónsul general de España en Venezuela.
«Eso hay que dejarlo bastante claro. Nadie está planteando en absoluto pedir visa a los venezolanos. No es una crítica a otros países, pero no es la misma situación de naciones más cercanas a Venezuela donde esas corrientes antimigración de venezolanos se ha producido», enfatizó Buitrago de Benito.
La visa se ha implementado en diversos países de América Latina. Entre las principales naciones están Perú, Ecuador y Chile donde residen más de 1,6 millones de venezolanos.
El más reciente en adoptar la visa es el Reino de los Países Bajos. Este martes anunció la nueva serie de requisitos y procedimientos que deberán seguir los connacionales para solicitar la visa. Ese documento migratorio se exigirá a partir del 1° de abril de 2020 para visitar Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, Sint Eustatius y Saba.
El cónsul general dijo que incluso existen comunidades autónomas en España que han desarrollado programas de repoblación de zonas vacías, gracias a la llegada de jóvenes venezolanos. Precisó que al menos 300.000 connacionales residen en estos momentos en esa nación.
Retorno o migración a España
Entre los servicios que presta el Consulado de España están cerca de 25.000 pasaportes anuales; salvoconductos en caso de pérdida de ese documento; certificados; altas o bajas consulares; notaría; registro civil y obtención de visa para venezolanos que quieran residir legalmente en ese país europeo.
Para los ciudadanos españoles no hay ninguna restricción para retornar a su nación. Julio Navas, cónsul adjunto, expresó que pueden pedir una baja consular que les servirá para más tarde para empadronarse. Aunado a ello, también hay ayudas al retorno que se solicitará una vez que se esté en España. En 2019 dieron de baja a 17.000 de sus ciudadanos en Venezuela, un saldo negativo causado por la crisis que afronta Venezuela.
«Hay que tener claro que es una ayuda reintegrable. El Estado presta el dinero, pero a medida que la persona se instale debería reintegrarlo al Tesoro. Se entregan 400 euros al mes por un año, prorrogable por una vez más», amplió Navas.
EL NACIONAL
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