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La Unión de Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN) de Nicaragua denunció este domingo que la Policía impidió la recolección de materiales escolares para estudiantes pobres, que no tienen cuadernos ni lápices porque sus padres están en la cárcel, tras repudiar al presidente Daniel Ortega.
En Managua, al menos dos centros de acopio de materiales escolares debieron cerrar pocas horas después de haber abierto debido a la fuerte presencia policial, dijo la integrante de la UPPN, Ana Patricia Sánchez.
Un tercer depósito fue cerrado de forma abrupta por la aparición de policías y paramilitares en la ciudad de Matagalpa, norte del país, confirmó otra fuente de la UPPN.
El asedio gubernamental se realizó para impedir que se distribuyera ayuda humanitaria a los hijos de los “presos políticos”, que a un día del inicio del año escolar no tienen cuadernos, lápices, mochilas, uniformes ni zapatos debido a que sus padres están en prisión, explicó Sánchez.
La Policía de Nicaragua prohibió las manifestaciones opositoras desde septiembre de 2018 y a menudo trata de impedir el derecho de reunión y movilización de los adversarios del gobierno.
La campaña, organizada por la Red de Empresarios, Emprendedores y Profesionales Azul y Blanco, tenía como objetivo entregar cuadernos y lápices a unos 126 niños, que son hijos de 75 “presos y excarcelados políticos” que no tienen ingresos para enviar a sus hijos a clase con lo que necesitan.
Ortega premió a hijos de policías
A pesar del operativo de la Policía nicaragüense, al menos tres centros de acopio de donaciones pudieron permanecer abiertos en diferentes ciudades del Pacífico de Nicaragua. “Esperamos poder suplir aunque sea unos cinco cuadernos para cada niño”, señaló Sánchez.
El hostigamiento policial se dio tres días después de que el gobierno entregara 10.781 mochilas llenas de materiales escolares a hijos de agentes policiales, valoradas en cerca de medio millón de dólares.
Los ataques de policías, paramilitares y “turbas sandinistas” contra los opositores son fuertes en Nicaragua, especialmente desde el estallido social contra Ortega, en abril de 2018, lo que desembocó en la peor crisis del país en décadas. Esos mismos grupos también han asediado templos y amenazado a sacerdotes de la Iglesia católica que han denunciado la represión.
En noviembre pasado 16 opositores fueron capturados por la Policía mientras intentaban dar agua a nueve mujeres que hacían huelga de hambre por la liberación de sus hijos disidentes.
La crisis ha dejado 328 muertos, más de 2.000 heridos, cientos de presos y casi 90.000 exiliados, según organismos de derechos humanos, que responsabilizan al gobierno por la violencia. Ortega dice ser víctima de un “golpe de Estado fallido” de la oposición.
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