La justicia de Ecuador ha llamado a juicio al expresidente Rafael Correa por el caso sobornos, en el cual se investiga un entramado de pagos de empresas al partido Alianza PAÍS a cambio de obtener contratos. La decisión de la jueza Daniella Camacho comenzó con un tirón de orejas para la Fiscalía por haber presentado una acusación desordenada e incompleta, sin embargo, la magistrada enjuició a última hora del viernes al exmandatario y a otras 20 personas, entre las que se encuentran los miembros más cercanos a su anterior Gobierno.
Junto a Correa, van a juicio por el cargo de cohecho, castigado con cárcel de hasta cinco años, su exvicepresidente Jorge Glas, su exministra de Obras Públicas; María de los Ángeles Duarte, su exsecretario del Agua; Walter Solís, su exministro de Turismo; Fernando Alvarado, su exsecretario jurídico de la presidencia; Alexis Mera y la exvicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla. Además, están implicadas y serán enjuiciadas dos funcionarias que fueron clave para desentramar la red de aportes ilegales con las que Alianza PAÍS, según la investigación, financió campañas electorales y en retribución otorgaba contratos públicos a las empresas involucradas. Pamela Martínez y Laura Terán trabajaron como secretaria y asistente en el despacho presidencial y aportaron un sinnúmero de documentos, chats, correos electrónicos, facturas y archivos en los que se habían registrado los pagos y los nombres de los implicados.
Este segundo llamado a juicio para Rafael Correa tiene especial repercusión para el horizonte político del exmandatario y para su anuncio de volver a la primera línea en las elecciones que se celebrarán en Ecuador en 2021. El cohecho es un delito imprescriptible, según el Código Penal ecuatoriano, y puede ser juzgado en ausencia. Esto significa que el proceso puede seguir adelante hasta la sentencia aunque el expresidente no se presente ante los tribunales, como ya ocurrió con el otro juicio penal que enfrenta Correa -y que está suspendido- por el presunto secuestro a un opositor político hace ocho años en Colombia.
Fuente: El País
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