La oficina de la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Michelle Bachelet denunció este viernes un “elevado número de violaciones de derechos humanos” por la represión policial a las protestas en Chile, al presentar un informe sobre la situación en el país sudamericano.
“Estas violaciones incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias”, afirma un comunicado de prensa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que estuvo en Chile tres semanas de noviembre para investigar la situación en siete regiones de Chile.
Human Rights Watch reportó que el número de muertos en el marco de las protestas asciende a 26. Y la oficina asegura que documentó “cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del estado”.
Al especificar sobre la violencia ejercida por Carabineros, el informe describió una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos. Entre ellas se encuentran el uso indebido e indiscriminado de armas no letales para dispersar marchas pacíficas y durante los enfrentamientos; la no distinción entre manifestantes violentos y aquellos que protestaban pacíficamente, y la cantidad “alarmantemente alta” de personas con lesiones en los ojos en la cara, algo que”da cuenta de esta grave violación”. “Preocupa en particular el uso de perdigones que contienen plomo”, explicó el informe en sus conclusiones.
Estas conductas, agregó, se ha llevado a cabo “de manera fundamentalmente represiva” y han sido sostenidas. “La ACNUDH ha podido observar que ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas”, describió.
“En cuanto a responsabilidades individuales en la policía, no podemos sacar conclusiones”, afirmó Imma Guerras-Delgado, jefa del equipo de misión en Chile, en una conferencia de prensa en Ginebra.
Esta semana, el presidente chileno Sebastián Piñera reconoció la existencia de “atropellos a derechos humanos” durante las protestas y anunció una serie de reparaciones a las víctimas. Entre ellas se cuentan iniciativas públicas para acompañar a mujeres que denunciaron violencia sexual y jóvenes que denunciaron que sus derechos fueran vulnerados, así como el compromiso de revisar la forma en que se regula el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Al tope del plan, no obstante, se encuentra un “Plan integral de recuperación ocular”: propuesto días atrás, brinda atención gratuita a cientos de personas con lesiones oculares, incluyendo la cobertura de prótesis en los casos que sea necesario, así como asistencia psicológica, y de inserción social y laboral.
De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ascienden a 352 las personas que han sufrido lesiones oculares durante las protestas. En 21 casos la persona sufrió el estallido o la pérdida de su globo ocular, y dos perdieron la visión por completo.
El informe también contiene un apartado sobre maltratos a las personas que fueron arrestadas o detenidas. Muchos de ellos, indicó, equivalen a torturas. Entre los ejemplos citaron la simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían “desaparecidas”. “Muchos de 32 estos casos ocurrieron en lugares sin cámaras de vigilancia y con los perpetradores no debidamente identificados”.
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