El Consejo de la Unión Europea aprobó este lunes un marco para la imposición de medidas restrictivas específicas al gobierno en Nicaragua.
Este marco establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia y el estado de Derecho en Nicaragua.
Las sanciones consisten en la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de bienes, para las personas, y en la inmovilización de bienes, para las entidades. Además, las personas físicas y las entidades establecidas en la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de aquellas que figuren en la lista.
Asimismo, el Consejo ha adoptado las siguientes Conclusiones sobre Nicaragua:
- La Unión Europea (UE) recuerda sus Conclusiones del Consejo de 21 de enero de 2019, así como varias declaraciones, realizadas desde abril de 2018, mediante las que expresó su preocupación por el deterioro de la situación política y social en Nicaragua y condenó firmemente la represión que las fuerzas de seguridad y los grupos armados afines al Gobierno ejercen desde abril de 2018 contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil. La UE rechazó el uso de las leyes antiterroristas para perseguir y penalizar opiniones discrepantes. También reafirmó su determinación de servirse de todos sus instrumentos para respaldar una solución pacífica y negociada a la crisis y su intención de seguir atentamente la situación en el país a fin de reaccionar ante un nuevo deterioro de los derechos humanos y el estado de Derecho.
- Desde las Conclusiones del Consejo de enero de 2019, la situación general de los derechos humanos y la gobernanza democrática sigue siendo altamente preocupante. Las medidas institucionales y legislativas adoptadas con el fin expreso de la reconciliación, como la Ley de Amnistía adoptada en junio por la Asamblea Nacional de Nicaragua, fueron impuestas sin consultas y no respetan los principios internacionales pertinentes. El informe del grupo de expertos independientes sobre violaciones de los derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018 no ha sido objeto de seguimiento. La rendición de cuentas es un elemento esencial para la verdad, la justicia y la reconciliación. El avance positivo que supuso la puesta en libertad de un gran número de presos políticos no se ha visto acompañado de la aplicación de la totalidad de los Acuerdos de marzo de 2019 entre el Gobierno y la Alianza Cívica, en particular en cuanto a la restitución de los derechos civiles y políticos. La negativa continuada a retomar el diálogo con la oposición denota una señal negativa en cuanto a la disposición del Gobierno a trabajar para una salida democrática y pacífica de la crisis.
- Como consecuencia, y además de los esfuerzos políticos y diplomáticos en curso para apoyar la justicia y la democracia, el Consejo ha decidido hoy adoptar un marco para el establecimiento de medidas restrictivas específicas. El marco adoptado permite aplicar un enfoque gradual y flexible en lo que respecta a las designaciones individuales para la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes según proceda. Posteriormente se podrán añadir designaciones específicas en caso de un estancamiento continuado y un ulterior deterioro de los derechos humanos y el estado de Derecho, o se podrán revocar en caso de un avance positivo y decisivo. La UE subraya que sus medidas restrictivas son específicas y se han concebido para no perjudicar a la población nicaragüense.
- En este contexto, la UE recuerda los tres ámbitos principales en los que un progreso tangible es necesario para crear las condiciones para la salida pacífica y democrática de la crisis: 1) la aplicación plena de los Acuerdos de 29 de marzo de 2019 para reforzar los derechos y las garantías civiles y políticos, incluido el restablecimiento de las libertades políticas y el estatuto jurídico de las organizaciones de la sociedad civil prohibidas, el regreso voluntario y en seguridad de los exiliados y la puesta en libertad de los presos políticos restantes, así como la retirada de los cargos en su contra. Esto implica asimismo poner fin al acoso y la intimidación de los presos políticos liberados y de sus familias y garantizar su seguridad y su integridad física; 2) el regreso a Nicaragua de los organismos internacionales para los derechos humanos y la cooperación plena con ellos, incluidas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y 3) un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el Gobierno y la oposición, incluida la Alianza Cívica, con el objetivo de garantizar elecciones limpias y transparentes.
- La UE insta urgentemente al Gobierno de Nicaragua y a todas las partes a reanudar de forma constructiva un diálogo nacional eficaz, amplio y centrado en los resultados, en particular sobre la adopción de reformas electorales de conformidad con las normas internacionales, como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas. La UE se muestra dispuesta a ofrecer su apoyo si las partes lo solicitan.
- La UE reafirma su compromiso de continuar trabajando para una salida pacífica de la actual crisis y de respaldar al pueblo nicaragüense en su esfuerzo por colmar sus acuciantes necesidades y aspiraciones.
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