La jefa del Gobierno autónomo de Hong Kong, Carrie Lam, ha anunciado la retirada definitiva del polémico proyecto de ley de extradición que desencadenó la actual ola de protestas en el territorio autónomo. La medida, que hubiera permitido la entrega de sospechosos a países con los que la excolonia británica carece de acuerdos y que hacía temer que abriera la puerta por primera vez a la extradición a China, se encontraba suspendida, pero el desecharla por completo era una de las cinco exigencias que plantean los manifestantes.
Es la primera vez que el Gobierno autónomo accede a alguna de las exigencias de los manifestantes, un gesto concebido para intentar rebajar las fuertes tensiones que vive el territorio, inmerso en su mayor crisis política desde su regreso a la soberanía china en 1997. Pero el paso ya ha recibido críticas de los participantes en las protestas, que consideran que se queda corto y que llega demasiado tarde. La retirada del proyecto de ley no era ya la principal de sus demandas: ahora la principal exigencia es la creación de una comisión independiente que investigue el comportamiento de la policía.
En su intervención grabada y emitida por televisión, Lam dejó claro que no aceptará ninguna de las otras cuatro demandas. En lugar de una comisión externa, insistió, será otro organismo interno, el Consejo Independiente de Quejas sobre la Policía (IIPC, por sus siglas en inglés), el que examine la respuesta de los agentes, con la ayuda de un “panel de expertos internacionales”. Este organismo se verá reforzado con dos nuevos miembros más, anunció la ministra principal.
Tampoco se renunciará a presentar cargos contra los manifestantes detenidos ni se abrirá un proceso de reformas democráticas (eso debe acometerse “en una atmósfera que conduzca al entendimiento y confianza mutuos, y que no polarice aún más la sociedad”, sostuvo). A la quinta exigencia, su dimisión, ni la mencionó.
Fuente: AFP
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