Por: Enrique Saenz
En la denominada Hoja de Ruta que acordaron los integrantes de la mesa de negociación se estableció el 28 de marzo como fecha límite de las negociaciones. Esto significa que dentro de dos días tendríamos que estar viendo las casitas al pueblo.
Repasemos los temas más sentidos por la población para ver cómo vamos.
Indudablemente, uno de los temas más sensibles es el de los prisioneros políticos. En este punto los negociadores alcanzaron el acuerdo de los famosos 90 días.
Hasta ahora, Ortega ha jugado al mete y saca, mofándose de los sentimientos, derechos y penurias de los prisioneros y de sus familiares. Después de una de sus interrupciones, las negociaciones se reanudaron por el compromiso del gobierno de liberar lo que se llamó “un núcleo apreciable” de prisioneros políticos. Excarcelaron a 50.
Esa acción se consideró una burla y voceros de la alianza declararon lo siguiente: “no llena las expectativas que nosotros nos habíamos planteado para que fuera una cantidad apreciable. En otras palabras, no nos satisface en lo absoluto”. Sin embargo, a pesar de la insatisfacción las negociaciones se reemprendieron.
El problema es que las persecuciones, asedios y detenciones no han parado. Todavía peor, los mismos excarcelados están siendo otra vez encarcelados. Es el caso de Bryan Alemán Olivas quien fue secuestrado 4 días después de salir de la cárcel, con nuevas acusaciones. Hugo Alemán Carballo, abuelo del secuestrado declaró, según una nota del diario La Prensa: “Fue una payasada que lo hayan soltado si lo iban a meter preso nuevamente. ¿Cómo es eso que hacen acuerdos y no los cumplen?
Hacer acuerdos y no cumplirlos, más que una payasada es un ultraje tanto a los negociadores, como a los prisioneros, a sus familiares, y también al pueblo nicaragüense. Y allí está el corazón del problema: por supuesto que es importante lo que se negocia, y lo que se deja de negociar. Más importante aun lo que se acuerda, y lo que se deja de acordar. Pero lo fundamental es si se cumple o no se cumple lo acordado. Y hasta ahora el régimen no ha dado señales creíbles de su voluntad de cumplir los acuerdos. Al contrario.
Porque, seamos claros. Aquí todos sabemos que Ortega de un plumazo puede resolver este asunto. Basta que la Corte Suprema de Justicia adopte un fallo anulando todos los juicios y sanseacabó. No nos vengamos con argumentos leguleyos que nadie cree. Se trata de querer, o de no querer. Si no lo hace es porque no quiere. Así de sencillo.
Otro tema sensible es el desarme y desmovilización de los grupos paramilitares. Mientras sigan cometiendo sus fechorías impunemente, no habrá ni estabilidad, ni tranquilidad, ni libertades y derechos ciudadanos. ¿Por qué se dejó de hablar, con todas sus letras, de los grupos paramilitares?
Naturalmente, un tema clave es el de las elecciones anticipadas, junto a las reformas al marco electoral, indispensables para que se realicen elecciones de verdad. Este tema sigue pendiente. Veremos qué humo sale de aquí al 28 de marzo.
El cuarto tema la restauración de los derechos y libertades ciudadanas. Y aquí, francamente, no se entiende dónde radica el problema. Y la Alianza Cívica debería explicarlo. Ortega impuso un Estado de Sitio y de hecho suspendió las garantías constitucionales. Basta una orden para restablecerlo.
¿Se requiere negociación para cancelar el bloqueo impuesto arbitrariamente por el régimen a La Prensa y El Nuevo Diario? ¿cuál es el impedimento?
¿Qué debe negociarse para que se restituyan a sus dueños las propiedades que fueron invadidas por orden de Ortega?
¿Qué materia de negociación puede ser que el régimen deje de amedrentar, perseguir y capturar a personas que no han cometido delito alguno? ¿Se requiere de negociación para que la población pueda ejercer su legítimo derecho a movilizarse y protestar?
Lo mencionamos en otro artículo y lo repetimos aquí: La Alianza Cívica debería solicitar formalmente autorización para realizar una marcha por la paz y la libertad, para comprobar hasta dónde llega la disposición del régimen. Si no son capaces de hacer esa concesión que, a decir verdad no es una concesión sino uno de las típicas trampas de Ortega: te confisca el derecho y después negocia cuánto te devuelve…y queda como una concesión. Pues bien, si no son capaces de autorizar una marcha ¿De dónde sacamos -o sacan- que están en disposición de cumplir compromisos de mayor envergadura?
Y si la Alianza Cívica no está en disposición, alentamos a la Unidad Azul y Blanco a convocar, a nivel nacional e internacional, a una movilización por la paz y la libertad. Y salgamos con nuestra bandera azul y blanco, y con banderas blancas.
Aquí, igualmente, no se trata de poder, o de no poder, sino de querer o de no querer.
Un quinto tema es el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH; de la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos;y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, el MESENI.
¿Por qué la Alianza Cívica aceptó excluir de la agenda la presencia de estos organismos?
Y así podríamos seguir. ¿Y la restitución de los bienes y de la personalidad jurídica a las organizaciones no gubernamentales que fueron saqueadas? ¿Y los medios de comunicación que siguen cerrados, con periodistas encarcelados, perseguidos, acosados o exiliados?
Pero bueno.
Por hoy la dejaremos de ese tamaño. Veremos qué pasa de aquí al 28 de marzo. Aunque no es preciso ser adivino para anticipar que nos anunciarán una postergación del plazo.
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