Con más de setecientos presos políticos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inauguró las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, Complejo Evaristo Vásquez Sánchez, según medios oficialistas.
Sin embargo, no especificaron si este nuevo edificio, cuya área de construcción es de 3,520 metros cuadrados, implica el cierre de la Dirección de Auxilio Judicial, actual centro de torturas conocido como el Chipote.
Desde antes del estallido social de abril, organizaciones de derechos humanos han calificado el Chipote como un centro de tortura; sin embargo, con la persecución policial que el régimen inició contra las voces disidentes, en el contexto de las protestas, el lugar se convirtió en un verdadero referente de horror.
Las madres de presos llegaban a buscar a sus hijos, sin obtener respuesta. Lloraban sin consuelo y pasaban día y noche a la orilla del portón, con la esperanza de volver a ver a sus hijos con vida.
Un medio oficialista televisivo publicó que la nueva DAJ contará con 15 celdas, cada una tendrá capacidad para seis personas. El edificio tendrá un área de celdas para mujeres y hombres, una de reconocimiento, una oficina de entrevistas dispuesta para la relación de abogados y detenidos, otra área para la visita de familiares y otra de servicios médicos.
En el corte de cinta de la nueva DAJ estuvieron presentes el jefe de la Policía Orteguista (PO), Francisco Díaz, y el comisionado general de la PO, Ramón Avellán, ambos señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que sean investigados por las violaciones a derechos humanos.
También estuvo la titular del Ministerio de Gobernación, María Amelia Coronel, y representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos. La procuradora Korina Centeno dijo que las nuevas instalaciones “garantizan los derechos”.
Dichas declaraciones tratan de respaldar el discurso oficial, contrariando la realidad por la que atraviesan los presos políticos en los reclusorios del país.
Con la visita de una comisión de diputados del Parlamento Europeo, al Chipote, se conoció, por medio de videos, las terribles condiciones de infraestructura en la que los reos deben permanecer, a eso se suman las denuncias de tortura psicológica y física que han expuesto defensores de derechos humanos.
La información de medios oficialistas asegura que la inversión de la nueva infraestructura es de 183 millones de córdobas. Díaz dijo que el dinero es parte del Presupuesto General de la República.
La Prensa
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