Carlos Humberto Bonilla Alfaro y María Gabriela García Morales, víctimas de agresión por razones políticas, temen por sus vidas y la de su familia.
La familia Bonilla y García piden a las autoridades investigar el hecho y castigar a los responsables de su agresión a la vez que culparon al mismo Estado de Nicaragua de atentar contra sus vidas.
Quince días tiene el Estado de Nicaragua para informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la aplicación de medidas cautelares a favor de los activistas Carlos Humberto Bonilla Alfaro y María Gabriela García Morales.
La CIDH solicita a Nicaragua adoptar medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Bonilla y García para que puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objetos de actos violentos y hostigamiento.