El sector privado de Nicaragua emitió un comunicado unificado en contra del nuevo reglamento de la Ley de la Unidad de Análisis Financiera (UAF). Los empresarios alegan que esa normativa viola los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, empresas y empresarios.
Las principales organizaciones empresariales aseguran que el reglamento le atribuye a la UAF “funciones de investigación criminal propias de la Policía Nacional y el Ministerio Público”.
“Con estos cambios normativos la UAF pasaría de ser una entidad de análisis financiero que recibe reportes en relación con operaciones sospechosas presuntamente relacionadas con determinados delitos, a desarrollar funciones de investigación criminal propias de la Policía Nacional y el Ministerio Público, sin las limitaciones legales impuestas a estas instituciones, al no mediar en su actuación administrativa ningún mandato u orden judicial alguna”, reza el comunicado.
Recurrirán legalmente
José Adán Aguerri, anunció que recurrirán contra la ley por considerar que “desvirtúa la razón de ser de esta unidad técnica, y la convierte en una unidad suprapolicial”.
Las atribuciones del reglamento de la ley de poder tener acceso directo a información resguardada por las principales instituciones públicas del país, así como la de imponer sanciones “administrativas” a los sujetos obligados supervisados que podrían conllevar la “suspensión temporal o cierre definitivo” de las operaciones de los empresarios o empresas, “están contribuyendo a exacerbar el clima de inseguridad jurídica que prevalece por la crisis política”.
Eso “contribuye en forma negativa a desestimular aún más la inversión nacional e internacional, la creación de empresas y la generación del empleo; afectando en forma directa el sector empresarial micro, pequeño, mediano y grande sin distingo alguno, incluyendo a los contribuyentes inscritos en el régimen general como los del régimen de Cuota Fija”, manifiestan.
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