El kirchnerismo vive un verdadero calvario judicial, madurado durante años en decenas de investigaciones. Un tribunal federal ha firmado hoy la primera sentencia de alta relevancia política, un disparo a la línea de flotación del movimiento que durante más de una década gobernó Argentina. Amado Boudou, exministro de Economía entre 2009 y 2011 y vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión por corrupción.
Los jueces lo encontraron culpable en el “caso Ciccone”, un expediente que investigó el rescate poco claro de una imprenta en quiebra que obtuvo jugosos contratos para la emisión de billetes de 100 pesos. La condena a Boudou coincide con una semana negra para el kirchnerismo, acosado en los tribunales por la difusión de ocho cuadernos manuscritos con detalles de una supuesta red de cobro de sobornos a empresas dedicadas a la obra pública.
Boudou se ha convertido hoy en el más alto cargo del kirchernismo condenado en una causa por corrupción. Lo jueces encontraron probado que en 2010, cuando era ministro de Economía, intercedió para que la oficina de impuestos (AFIP)levantara un pedido de quiebra contra Ciccone, la imprenta privada más importante del país, acorralada por una deuda millonaria con el fisco. A cambio, Boudou se quedó con el 70% de la empresa, según el fallo, a través del empresario Alejandro Vandenbroele, quien operó como su testaferro. En ese esquema, Vandenbroele se limitó a “acatar las órdenes” recibidas por Boudou a través de intermediarios. Tras el rescate, Ciccone consiguió el certificado fiscal que le permitió convertirse en la principal proveedora de billetes del Estado, por encima incluso de la Casa de la Moneda.
La causa Ciccone se inició en febrero de 2012 con el testimonio ante la prensa de Laura Muñoz, exesposa de Vandenbroele. La mujer dijo que su marido era un testaferro de Boudou y que la conexión entre ellos llegó a través de José María Núñez Carmona, amigo personal del exvicepresidente. Vanderbroele fue una pieza clave de la investigación porque estaba vinculado al fondo de inversión The Old Fund, que se hizo con la propiedad de Ciccone tras el fin de la quiebra, al menos en los papeles. Para los jueces, el verdadero dueño de la imprenta fue Boudou, algo que el acusado negó de plano en sus últimas palabras ante los jueces.
Está por verse ahora hasta donde escalará Bonadio en la cadena de responsabilidades. El 13 de agosto escuchará a Fernández de Kirchner, a la que el juez considera la cabeza de una posible asociación ilítica para apropiarse de fondos públicos. La expresidenta no puede quedar presa porque sus fueros de senadora la protegen, pero las consecuencias políticas de la investigación son aún imprevisibles.
El País
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