La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, actualizó este jueves las cifras de víctimas y verifica la persecución y criminalización por parte del Estado en contra de manifestantes, opositores y personas que participaron en diversas formas de protesta iniciadas a partir del 18 de abril de 2018 en Nicaragua.
La CIDH llama al Estado a dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De acuerdo a la información registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) en el terreno al completar sus 5 semanas de trabajo en el país, hasta el 30 de julio, el número de personas fallecidas desde el 18 de abril de 2018, ascendería a 317; de las cuales 21 personas serían policías. Asimismo, la CIDH constata que el número de niñas, niños y adolescentes fallecidos en el contexto de la crisis en Nicaragua ascendería a 23.
“La Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes”, expresó la Relatora de país, Comisionada Antonia Urrejola.
Conforme fue informado en el comunicado de prensa 156/2018, hasta el 19 de julio, el MESENI constató y documentó en terreno la intensificación de la represión y los operativos desplegados por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales en el contexto de la llamada “operación por la paz”, acción que habría cumplido con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades del país.
Entre el 19 y 30 de julio, el MESENI recibió información alarmante sobre la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización contra las personas opositoras al régimen del Gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos. En particular, de la información disponible y los testimonios recibidos, la Comisión advierte que tras el levantamiento de tranques en diferentes lugares del país, mediante el uso de la fuerza, las autoridades habrían realizado numerosas detenciones arbitrarias, efectuadas con violencia por grupos encapuchados y armados, que habrían mantenido personas retenidas contra su voluntad. Estas personas reportaron que sufrieron malos tratos antes de ser entregados a comisarías de la Policía Nacional o al Auxilio Judicial, en Managua. Según la información recibida, las personas detenidas no son informadas de sus derechos al momento de la detención, ni de los cargos que se les imputan; no se exhiben órdenes judiciales, ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que serán llevados.
“Hemos tomado conocimiento con suma preocupación del aumento vertiginoso de personas detenidas sin las garantías del debido proceso y hacemos un llamado urgente al Estado a asegurar el estricto cumplimiento de la ley y demás garantías procesales de todos las personas detenidas, de conformidad con los estándares internacionales en esta materia. El Estado debe dar pronta liberación a todas las personas detenidas arbitrariamente y bajo cargos infundados”, manifestó el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad.
Por otra parte, la CIDH ha recibido abundante información sobre los obstáculos existentes para acceder a una defensa legal adecuada consistentes en la restricción de acceso a audiencias a abogados y organizaciones de la sociedad civil, y la negativa a proporcionar datos sobre la situación jurídica y estado de salud de las personas detenidas. Al respecto, la CIDH reitera al Estado la recomendación de elaborar y dar a conocer un registro público que contenga la siguiente información: número de personas que han sido detenidas desde el inicio de las protestas del 18 de abril; causas de detención; duración de la privación de libertad; lugar de detención; número de personas que actualmente se encuentran detenidas con motivo de las protestas que han tenido lugar desde el 18 de abril; y número de personas excarceladas. La información debe incluir aspectos relacionados con el género, edad y ocupación de las personas.
La CIDH también reitera su profunda preocupación por el desplazamiento forzado de miles de personas que han tenido que huir de sus hogares como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido desde el inicio de las protestas de abril de 2018.
Adicionalmente, la Comisionada Antonia Urrejola indicó: “Vamos a continuar con las tareas de monitoreo y documentación de la situación de derechos humanos en Nicaragua con la seriedad y responsabilidad que caracteriza a la CIDH”. En ejercicio de su mandato, la CIDH continuará formulando recomendaciones al Estado teniendo como eje central de su trabajo a las víctimas de violaciones de derechos humanos. “Queremos reiterar la disposición permanente de la CIDH para generar espacios de entendimiento. La CIDH estará siempre por la búsqueda del diálogo y soluciones democráticas a la grave crisis que afecta al pueblo nicaragüense”, señaló el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão.
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