Por Confidencial
Documentos oficiales de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) emitidos la semana pasada, revelan que el titular de la Siboif, Víctor Urcuyo, impuso una multa de 50,000 dólares a varios bancos privados que se negaron a entregarle la lista de sus clientes que habían retirado más de 50,000 dólares de sus cuentas a partir del 19 de abril pasado.
Adicionalmente, la Superintendencia les impuso como castigo, con “el consentimiento del presidente del Banco Central (Ovidio Reyes), una “exclusión para ser beneficiarios de cualquier asistencia financiera del Banco Central”.
La nueva política que utiliza a la Siboif y el Banco Central de Nicaragua (BCN) como instrumentos de chantaje y represión en contra de la banca privada, se esbozó el pasado martes 26 de junio, durante la reunión semanal de los bancos con el Superintendente y el BCN, cuando Victor Urcuyo les conminó, de forma verbal, a que cada banco debería presentar en un plazo de 48 horas el registro en detalle del retiro de los depósitos desde el 19 de abril y la lista, con nombre y apellidos, de los clientes y cuentahabientes que han hecho los retiros.
El alegato de Urcuyo fue que dicha información era estrictamente necesaria para realizar sus labores de supervisión bancaria, mientras los representantes de los bancos expresaron que la información solicitada era muy sensible y no entendían la necesidad de hacer esa solicitud, pues si el público se entera que los bancos están revelando sus cuentas y depósitos al Gobierno, esto tendría una consecuencia negativa, devastadora, en la confianza del público en el sistema financiero.
A pesar de esos argumentos, el Superintendente Urcuyo les respondió en tono imperativo que tenían la obligación de entregar la lista de los cuentahabientes, y que no hacerlo conllevaría una sanción extrema: se les cerraría el acceso a los instrumentos de inyección de liquidez del BCN, que sirven para que los bancos puedan enfrentar los numerosos retiros de depósitos que está realizando el público desde que comenzó la crisis política provocada por la represión de la dictadura.
Según información disponible en la página web de la Siboif, al primero de julio se habían retirado US$716.4 millones en depósitos con relación al monto máximo que alcanzaron los mismos al 31 de marzo. De estos, US$555.8 millones correspondieron a depósitos en dólares y US$161.6 millones a depósitos en córdobas.
Ante la gravedad de la amenaza, los representantes de los bancos demandaron al Superintendente una comunicación por escrito, a lo que Urcuyo respondió el miércoles 27, emitiendo una circular dirigida a los gerentes generales de las entidades bancarias.
Sin embargo, la circular DS-1913-06-2018/VMUV en poder de CONFIDENCIAL no especifica la ordenanza de identificar a los clientes y se limita a señalar que “como parte del proceso de seguimiento intensivo diario que lleva a cabo la Superintendencia, tengo a bien instruirles que remitan los “saldos de los depósitos segmentados por sector, rango y modalidad”, y el “reporte de los depósitos sectoriales diarios”.
Viola sigilo bancario y normas BCN
A partir de esa fecha, varios bancos citados a reuniones bilaterales con la Superintendencia, entregaron la información solicitada sobre los montos de los depósitos retirados, pero se abstuvieron de brindar su información sobre los clientes, que violaría el sigilo bancario.
Dos días después, a partir del viernes 29 de junio, empezaron a llegar las multas y sanciones. Álvaro García, Director Legal de la Superintendencia, comunicó a los bancos sancionados la decisión de imponer la “sanción pecuniaria” (multa) equivalente a 50,000 dólares, además de excluirlo de la posibilidad de recibir “cualquier asistencia financiera de parte del Banco Central”.
En la misiva, García admite que los bancos sancionados, sí asistieron a la cita programada, pero no llevaron consigo la “información adicional requerida”, por lo que la reunión se dio por concluida, “al no cumplir la entidad con el compromiso asumido”.
El ente regulador de los bancos trata de soportar su decisión, asegurando que la “información adicional requerida… es de suma importancia para la supervisión y seguimiento de la estabilidad del sistema financiero nacional, especialmente dada la coyuntura actual”.
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