El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saluda el logro del pueblo nicaragüense y la sociedad civil organizada de posicionar en la agenda de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la situación de crisis y violencia generalizada que se presenta desde el 18 de abril en Nicaragua.
Según lo han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI), en este país están ocurriendo graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, así como detenciones arbitrarias, todo producto del uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas estatales y otras afines al gobierno. Hasta el día de hoy, se han documentado al menos 129 personas asesinadas, más centenares de detenidos y agredidos.
Aunque la OEA en su Asamblea General emitió una resolución que condena a la violencia, preocupa que no se haya hecho referencia expresa a las violaciones de derechos humanos ni refleje la situación actual de crisis que es enteramente responsabilidad estatal.
De acuerdo con los estándares internacionales, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar y respetar la vida e integridad de las personas bajo cualquier circunstancia, asimismo debe garantizar el derecho a la libertad de reunión y manifestación. Lamentablemente Nicaragua ha desconocido sus obligaciones al pretender acallar la voz del pueblo que exige democracia y justicia.
Por otra parte, CEJIL condena la persecución sistemática que están sufriendo las personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, así como todas aquellas voces que cuestionan el accionar del Estado. En este contexto, rechazamos las recientes acusaciones que hace la Policía Nacional Civil contra el señor Félix Maradiaga, dirección del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), por supuesta comisión de los delitos de terrorismo y narcotráfico. Denunciamos que la policía no tiene condiciones institucionales para dirigir investigaciones que sean independientes y creíbles. Además, resulta evidente que esta acusación está dirigida a criminalizar a las personas críticas e intimidarlas para que callen sus voces.
La comunidad internacional debe dimensionar los alcances la crisis y desplegar todas las acciones posibles para que se alcance la paz, escuchando los legítimos reclamos de la ciudadanía. En particular, la OEA debe apoyar enfáticamente el trabajo que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exhortar a Nicaragua para que cumpla con las recomendaciones que este órgano ha emitido, esto implica facilitar todas las condiciones necesarias para que pueda cumplir con su labor en condiciones de seguridad.
Dada la grave situación actual, exhortamos a la CIDH a nombrar y poner en funcionamiento el Grupo de Investigación de Expertos Independientes (GIEI) para que puedan llegar al país en el menor plazo posible.
Al Estado de Nicaragua, requerimos el cese inmediato de la violencia y represión, lo que incluye abstenerse de perseguir, criminalizar o de cualquier forma limitar la labor de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión.
Deje su comentario