El Ejército de Nicaragua rompe el silencio sobre paradero de los cuerpos masacrados de seis campesinos, entre ellos, dos menores de edad (un niño de doce años y una adolescente de 16) y asegura haber entregado los cadáveres a la Policía Nacional.
El jefe del Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua, coronel Marvin Paniagua, trasladó toda la responsabilidad del destino de los cadáveres masacrados en la comunidad San Pablo 22, Municipio La Cruz de Río Grande, a la Policía Nacional.
El militar declara en un vídeo que publica en las redes sociales el Canal Catorce Vos TV, que coordinaron acciones del suceso con una comisión policial, sin mencionar detalles de la misma.
“Nosotros cumpliendo con las leyes, hicimos una entrega de esos cadáveres a nuestros hermanos de la policía para que ellos siguieran las investigaciones y una serie de trabajos más que ellos realizan como trabajo policial”, declaró el militar en una reunión con productores.
A la vez, el coronel Paniagua, alegó que algunos medios de comunicación manipularon la información sobre el paradero de los cadáveres en una fosa común como lo denunció doña Elea Valle, madre de la adolescente, Yojeisel Pérez Valle, de 16 años; y de Francisco Pérez, de 12 años; además esposa de Francisco Pérez Dávila, rearmado, según sus declaraciones a periodistas cuando llegó a Managua; tres de los seis campesinos que fueron masacrados por el Ejército de Nicaragua.
La madrugada del pasado domingo 12 de noviembre del corriente año, el Ejército de Nicaragua mató a las seis personas que al parecer regresaban de una fiesta en la comunidad San Pablo, cerca del río llamado El 22, en La Cruz de Río Grande, caribe sur.
La versión oficial de la Policía Nacional, es que las seis personas habían caído en un enfrentamiento con el Ejército y que se trataba de una banda delincuencial, involucrada en tráfico de marihuana.
El alto mando militar, coronel Paniagua, a través de medios del gobierno sandinista, indicó que la agrupación era una banda delincuencial que sembraba el terror de la zona e identificó como supuesto líder a Rafael Dávila Pérez, uno de los asesinados.
Sin embargo, ninguna autoridad estatal ha explicado, cómo sucedieron los hechos realmente, cómo resultaron dos menores de edad acribillados, torturados y la adolescente violada, según versión de la madre y las imágenes de fotos que circulan por las redes sociales, que de acuerdo a expertos en derechos humanos, los cadáveres presentan disparos de fusiles de guerra a corta distancia.
Sobre estos reclamos, el alto mando militar aseguró que hay intensiones de desprestigiar a la institución armada.
“…lo que pasa es que hay una línea que está dirigida a desprestigiar a la institución y desde aquí les decimos que eso es una posición muy sucia que tienen algunos medios con la institución. Nosotros, repito, no hemos hecho cosa, nosotros no hemos enterrado a nadie; allí hubo una comisión a quien se le entregó eso…”, afirmó el coronel Paniagua, en un vídeo que circula por las redes sociales, el Canal Catorce Vos TV.
No obstante, voces de organismos de derechos humanos, del clero de la iglesia católica nicaragüense y expertos en seguridad, han demandado a las autoridades militares, policiales, gubernamentales y estatales en general, que esclarezcan cómo sucedió el hecho, por qué acribillaron a seis campesinos de esa comunidad, por qué resultaron dos menores de edad asesinados y por qué no se les dio el debido proceso legal que establece la Constitución de la República y sus leyes ante una situación que a todas luces se ha catalogado de crímenes de lesa humanidad.
Además, estas mismas voces de la sociedad civil nicaragüense, exigen a las autoridades la entrega inmediata de los cuerpos de los niños asesinados a su madre Elea Valle, para que pueda darle cristiana sepultura en un cementerio de la localidad y así poder visitarlos con frecuencia como se acostumbra en Nicaragua con sus deudos.
Este caso sangriento ha consternado a todo el pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional.
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