MATAMOROS, MÉXICO — Una tarde de junio, cuando las temperaturas subieron a 35 grados, Alejandra Peña vertió suavemente agua de una jarra de plástico en la boca de su hijo. Al igual que otros niños en un campamento de migrantes, el niño tenía diarrea y a la madre le preocupaba que estuviera deshidratado.
“Traga, Natanael. Traga”, pedía ella a su infante que está por cumplir dos años.
Uno de los pocos grupos humanitarios que operan en el campamento le había dicho que Natanael estaba desnutrido y con bajo peso, que ella atribuyó a la falta de agua limpia y las malas condiciones sanitarias en el asentamiento de tiendas de campaña, que se extiende casi dos kilómetros por la orilla del río que separa a México de Estados Unidos.
La mujer de 34 años huyó de Venezuela después de que un grupo criminal mató a su hermana, según entrevistas y registros policiales. Su familia tenía la esperanza de buscar asilo en Estados Unidos, pero ahora estaba atrapada en el norte de México debido a las nuevas reglas fronterizas adoptadas por la administración del presidente Joe Biden, contó.
La regla requiere que los inmigrantes, antes de acercarse a la frontera, hagan una cita en una aplicación de teléfono inteligente administrada por el Gobierno estadounidense, pero ninguna de las personas que estaban con Peña tenía un dispositivo. “Aquí estamos paralizados”, dijo.
El demócrata Biden prometió en su campaña electoral de 2020 reemplazar las políticas de línea dura del presidente republicano Donald Trump, incluida el decreto de salud pública Título 42 de los tiempos del COVID-19, por un sistema de inmigración más humano.
El Título 42 permitía a los agentes fronterizos expulsar a los migrantes a México sin posibilidad de solicitar asilo. Cuando finalizó, el 11 de mayo, el Gobierno de Biden dijo que los migrantes podrían volver a pedir asilo en la frontera, pero tendrían que esperar en México para registrarse en la aplicación o correr el riesgo de un proceso de deportación acelerado que podría llevarse a cabo mientras están detenidos.
Autoridades dijeron que la regulación y otros programas de Biden que amplían las formas para que los inmigrantes ingresen legalmente a Estados Unidos están reduciendo los cruces fronterizos ilegales que han alcanzado máximos en los últimos años.
Pero las entrevistas de Reuters con más de 50 inmigrantes, funcionarios estadounidenses y mexicanos, una revisión de registros judiciales y datos no informados antes sobre el primer mes desde el cambio de política, encontraron:
- Decenas de miles de personas están esperando en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas para obtener un lugar en la aplicación en medio del deterioro de las condiciones sanitarias en los campamentos de migrantes.
- Una fuerte caída del número de las personas que pasan sus evaluaciones iniciales de asilo por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), hasta un 46 % para adultos solteros de un promedio de 83 % de 2014 a 2019, según datos del Gobierno.
- Un aumento del 35 % en número de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, según registros judiciales.
- Un fuerte aumento en el tiempo bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, según datos del Gobierno de Estados Unidos que obtuvo Reuters, y de los que no se había informado antes.
- Aproximadamente 50.000 personas deportadas, según registros judiciales.
Los migrantes que no usan la aplicación llamada CBP One enfrentan más obstáculos para solicitar asilo en Estados Unidos si pasaron por otro país sin buscar refugio en él, un estándar que, según los críticos, refleja una política de Trump que fue bloqueada por los tribunales.
Aquellos que no pasen la evaluación pueden ser deportados y se les puede prohibir la entrada a Estados Unidos durante cinco años.
Un funcionario de alto rango de la administración de Biden dijo a Reuters que la política estaba funcionando hasta ahora. Las cifras del Gobierno muestran que el número de migrantes atrapados cruzando ilegalmente se ha reducido un 69 % en un mes.
“Nuestro objetivo es incentivar a las personas a pasar por los canales legales”, dijo el funcionario, bajo condición de anonimato. “Estamos viendo, hasta ahora, resultados positivos iniciales”.
El 30 de junio, Estados Unidos aumentó la cantidad de citas disponibles en la aplicación de 1.250 a 1.450 por día.
Peña dijo que quiere seguir las reglas pero que a su pareja le robaron el teléfono en Colombia; la tableta de los niños se vendió en Costa Rica y perdieron su último dispositivo en un robo en Guatemala. Ella espera comprar un teléfono inteligente, pero la familia tiene tan poco dinero que piden limosna en la calle solo para comer, dijo.
El funcionario de Biden dijo que la administración está trabajando con refugios y otras organizaciones no gubernamentales para expandir el acceso a Internet para los migrantes, y agregó que no había necesidad de que esperaran en ciudades fronterizas peligrosas: “Hay muchas partes más seguras de México a donde la gente puede ir”.
Juan Rodríguez, el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, dijo que los funcionarios visitan el campamento de Matamoros varias veces al mes para brindar servicios de agua y salud.
Pero agregó que le preocupaba que la aplicación CBP One deje esperando a algunos inmigrantes. Dijo que incluso más lugares ayudarían.
“Eso nos permite ir controlando de manera más normal este tipo de flujo, que no nos gane”, expresó.
El Gobierno federal mexicano no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las condiciones del campamento o las nuevas regulaciones estadounidenses.
A mediados de junio, la población del campamento de Matamoros superaba los 5,000, según Rodríguez, con 3,000 migrantes más dispersos por la ciudad del norteño estado Tamaulipas en refugios, hoteles, Airbnbs, casas abandonadas y una gasolinera fuera de servicio.
El campamento, formado durante la presidencia de Trump, se convirtió en un tema de conversación demócrata durante las elecciones de 2020. Joe Biden denunció las políticas que dejaron a la gente en la “miseria al otro lado del río”. Su esposa, Jill Biden, en una gira de 2019, tuiteó: “Esta crueldad no es lo que somos”.
Las organizaciones humanitarias dicen que a veces el campamento ha crecido más bajo la gestión de Biden que durante los años de Trump.
“Luchamos para dar agua y alimentos a la población pero es insuficiente”, dijo Glady Cañas, directora de una organización local sin fines de lucro que ayuda a los migrantes en el campamento de Matamoros al agregar que están siendo rebasados por la cantidad de gente.
Hay unos 104.000 migrantes acumulados en el norte de México, según cifras del gobierno estadounidense.
Después del anochecer
Mientras los mosquitos aparecían al anochecer, Peña roció a sus hijos con lo último de su repelente contra insectos. Picadas rojas e hinchadas han dejado marcas en la cara de Natanael y en los cuerpos de sus hermanas Nathalya, de 11 años, y Nathaly, de 13.
Médicos Sin Fronteras dijo haber visto algunos casos sospechosos de malaria y dengue.
El anochecer también atrae grupos criminales, dijeron residentes.
El crimen en el campamento es anterior al Gobierno de Biden, pero la amenaza de la prohibición de cinco años hace que algunas personas teman cruzar la frontera para escapar, dijeron defensores de derechos humanos.
El miedo impidió que Cindy se acercara a Estados Unidos durante semanas, incluso después de que fue violada repetidamente -en el campamento de Matamoros y en una casa cercana- por hombres que ella creía que eran parte de un cartel, indicó en una entrevista.
La hondureña de 23 años, a quien Reuters identifica sólo por su primer nombre debido a la naturaleza de los ataques, dijo que los hombres amenazaron con “desaparecer” a su hijo de tres años si denunciaba a las autoridades mexicanas las violaciones y agresiones, según entrevistas con ella y un informe escrito del psiquiatra que la evaluó.
Desesperada después de múltiples agresiones e incapaz de asegurar una cita en la aplicación CBP One, ella y su hijo caminaron hasta el puente internacional el 21 de mayo. Ella dijo que se les permitió ingresar y se les dio un aviso para comparecer en la corte de inmigración en Houston en agosto.
Funcionarios y defensores de derechos humanos dijeron que las familias están sujetas al estándar de asilo más alto, pero no han sido retenidas para exámenes bajo custodia; si bien Cindy no fue detenida, es posible que su caso sea más difícil ganar en la corte de inmigración.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Tamaulipas no respondió a los comentarios sobre violencia o grupos criminales en el campamento.
La administración de Biden no respondió a las preguntas sobre su caso.
“Parte de la aplicación”
La estrategia fronteriza de Biden prevé un proceso de selección acelerado para los solicitantes de asilo detenidos, con un objetivo de 63.000 controles para junio, más de cinco veces el máximo anterior en julio de 2019, según una reunión virtual de oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, de la que no se había informado antes y que seguida en tiempo real por Reuters.
El jefe de la división de asilo, John Lafferty, dijo en la reunión que la administración tiene como objetivo procesar a los inmigrantes para su liberación o deportación dentro de una o dos semanas y reducir el tiempo que los inmigrantes tienen para consultar con un abogado de 48 a 24 horas.
“Nos guste o no, somos una consecuencia de la inmigración”, dijo Lafferty. “Somos parte de la estrategia de cumplimiento que ha seguido el departamento y la administración en la era posterior al Título 42”.
Algunos oficiales de asilo en la reunión expresaron su preocupación por los plazos.
“Escuchamos que cuando un solicitante llama a un abogado pero nadie responde, los supervisores determinan que se considera una oportunidad suficiente para buscar representación y la entrevista debe continuar”, dijo un oficial que no fue identificado por el moderador.
En una presentación del 7 de junio que respalda una demanda presentada contra la regulación por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros, el sindicato que representa a los oficiales de asilo dijo que la política pone “en riesgo nuestros compromisos internacionales y morales”.
La regla de Biden fue tan dañina como la de Trump, argumentó la ACLU, y agregó: “Eliminará efectivamente el asilo para casi todos los solicitantes de asilo no mexicanos que ingresan entre los puertos de entrada designados, e incluso para aquellos que se presentan en un puerto sin asegurar primero una cita”.
El Gobierno respondió en presentaciones legales que la regla era una “política de gestión fronteriza bien razonada que durante el último mes y medio ha sido clave para garantizar el funcionamiento continuo del sistema de inmigración y asilo de Estados Unidos para buscar protección”.
Un portavoz del estadounidense Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el USCIS, dijo a Reuters que la regulación reducirá la presión sobre los tribunales de inmigración al negar rápidamente las solicitudes de asilo sin mérito. Lafferty no respondió a una solicitud de comentarios.
Detenido
Cuando José Miguel Anariba, de 37 años, huyó de las amenazas de las pandillas en Honduras con su esposa y sus tres hijas, junto con las dos hermanas de su esposa y sus familias, dijo que pensó que su mejor oportunidad para evitar la expulsión era ingresar a Estados Unidos sin ser detectado y ganar suficiente para pagar a los “coyotes” (traficantes de personas) para ayudar a su familia a hacer lo mismo.
Cruzó el Río Grande hasta Eagle Pass, Texas, el 13 de mayo, dos días después de que terminó el Título 42 y las expulsiones ya no estuvieran vigentes, según los registros de ICE. Lo detuvieron y le dijeron que podía presentar una solicitud de asilo mientras estaba detenido. Pero bajo las nuevas reglas enfrentaría un listón más alto porque cruzó ilegalmente y pasó por otros países sin buscar refugio en ellos.
El 24 de mayo, Anariba tuvo una entrevista telefónica con un oficial de asilo a través de un intérprete, según entrevistas con Anariba en detención, su abogado y documentos del caso.
Dijo que trató de decirle al oficial que su familia había sido blanco de pandilleros debido al trabajo que hacía con su cuñado, un pastor de jóvenes que había liderado varias protestas de alto perfil contra los asesinatos cometidos por pandillas. Las amenazas persistieron después de que su cuñado huyó y obtuvo asilo estadounidense en 2019, según documentos del caso.
Los solicitantes de asilo venezolanos esperan para intentar cruzar a los EE. UU. mediante una cita a través de la aplicación de Aduanas y Protección Fronteriza, llamada CBP One, en un campamento improvisado en Matamoros, México, el 20 de junio de 2023.
Cuando Anariba trató de contar la historia de la familia, dijo que el oficial lo interrumpió y le recordó que hablara solo de sí mismo. “¿Hay algo que le impidió buscar un camino legal a Estados Unidos?”, preguntó el entrevistador. “No entiendo la pregunta”, respondió Anariba.
Le fue negado el primer paso para poder seguir su proceso de apelación de asilo. Registros de ICE muestran que apeló ante un juez de inmigración, nuevamente por teléfono a través de un intérprete. Ni Anariba ni su abogada Lisa Knox recibieron transcripciones de su entrevista a tiempo para prepararse para su audiencia debido al rápido ritmo del proceso, dijeron.
Su apelación fue denegada.
Knox presentó una solicitud de reconsideración con casi 100 páginas con más evidencia, incluidas fotos de las secuelas de un ataque de pandillas en la casa de Anariba.
De nuevo, negado.
USCIS dijo que no podía comentar sobre casos individuales. ICE afirmó que opera “caso por caso, de acuerdo con la ley estadounidense”.
Mientras tanto, la esposa de Anariba, Elsa, y sus hijas de 10, 12 y 14 años, se entregaron en un cruce fronterizo de Estados Unidos el 30 de mayo. Después de un par de días bajo custodia, fueron liberadas y se les dijo que se reportaran con ICE, según documentos compartidos con Reuters. Viven en Houston a la espera de una fecha en la corte para su audiencia de asilo.
Hace unos días, dijo Elsa, recibió una llamada de Anariba. Le dijo que había sido deportado.
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