La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó este martes a su fiscal a retomar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, al considerar insuficientes los procedimientos nacionales.
Caracas sostiene que las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales de 2017, que causaron un centenar de muertos, deben dirimirse en el marco de su propio sistema judicial.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI señaló que aunque ve que el gobierno de Maduro está tomando “algunas medidas de investigación”, considera que “sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el año 2000, y la oficina del fiscal de la corte recibió en septiembre de 2018 una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, en la que denuncian la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
En noviembre de 2021, la oficina del fiscal anunció que el examen preliminar iniciado en base a esa remisión había concluido y que se había tomado la decisión de proceder con una investigación formal, pero acompañada de un memorándum de entendimiento con Caracas para impulsar medios y mecanismos que promuevan un proceso nacional en Venezuela.
En abril del año pasado, Caracas pidió diferir las investigaciones del fiscal de la CPI a favor de las autoridades nacionales venezolanas. Sin embargo, en noviembre, el fiscal Karim Khan pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autorice reanudar la investigación porque el régimen de Maduro no estaba haciendo lo suficiente en el caso
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