La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un informe sobre el balance de las actividades y los resultados alcanzados por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) en el periodo de los cuatro años en que ha funcionado.
El organismo de la CIDH afirma que, durante los cuatro años, el MESENI ha hecho su trabajo en varios países de la región, con el objetivo de realizar el monitoreo en torno al desarrollo de la crisis, por medio de efectuar reuniones constantes con diferentes con organismos de la sociedad civil, con víctimas de violaciones de derechos humanos y además con sus familiares.
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De acuerdo a dicho informe, después de 4 años de trabajo del MESENI, se “elaboró 177 comunicados de prensa sobre el desenvolvimiento y agudización de la crisis de derechos humanos; 4 informes que se encuentran en el Capítulo Cuarto—B del informe anual, desde el 2018 al 2021; 31 boletines mensuales; un sitio multimedia que contiene el registro actualizado sobre las víctimas fatales en el contexto de la crisis. Además, recibió 1986 testimonios, los cuales permiten reflejar las voces de las propias víctimas en los diferentes informes temáticos y de país publicados”.
La CIDH hasta la fecha, ha otorgado “129 medidas cautelares para proteger la vida e integridad de más de 280 personas de manera directa”, también “solicitó 3 medidas provisionales y 8 ampliaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”.
Sobre el sistema de peticiones y casos, se indica el registro de más de 399 peticiones sobre posibles violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales. De dicho total, la CIDH decidió la apertura a trámite de 58 peticiones. Asimismo, desde 2018, se publicaron 10 informes de admisibilidad y elevó 4 casos contra Nicaragua ante la Corte IDH, expresa el informe.
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La CIDH indica que como resultado se cuenta “la muerte de al menos 355 personas; más de 2 mil personas heridas; más de mil 614 detenidas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios y; más de 150 mil personas se habrían visto forzadas a huir del país y a buscar protección internacional en Costa Rica, según datos de ACNUR. Asimismo dice el informe que el gobierno canceló más de mil cuatrocientas personerías jurídicas de organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, la CIDH refrenda su compromiso de seguir trabajando en la articulación de esfuerzos con la comunidad internacional, a través del MESENI, hasta lograr la liberación de las 180 personas que permanecen privadas de libertad en condiciones contrarias a la dignidad humana, el restablecimiento de todas las garantías y libertades propias de un Estado democrático de derecho mediante la separación de poderes.
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