Adolfo Miranda Sáenz
Un principio ético fundamental para los seres humanos, conforme la ley natural, es el principio de “la búsqueda del bien común”, porque los seres humanos vivimos en sociedad precisamente para eso, para lograr ese bien común, que consiste en obtener —en la vida social— las condiciones necesarias para que cada uno, y a la vez todos, logremos realizarnos como personas felices.
El bien común no es una simple suma de los bienes individuales de cada persona. Es el bien de todos y de cada uno, y es común porque sólo juntos es posible alcanzarlo, aumentarlo y protegerlo. Las personas humanas no logramos realizarnos como personas viviendo aisladamente. Los humanos somos seres naturalmente sociales; necesitamos de los demás, y los demás necesitan de nosotros, para juntos lograr el bien común. Ninguna forma de vida social, desde la familia, las asociaciones, las empresas, los municipios, el Estado, hasta la comunidad internacional, pueden eludir la búsqueda del bien común, porque es su verdadera razón de ser. La familia tiene sentido si en ella se busca el bien común de todos y de cada uno de sus miembros. El Estado tiene sentido si se busca el bien común de todos y de cada uno de sus habitantes. La comunidad internacional tiene sentido si se busca el bien común de toda la humanidad y a la vez el de cada ser humano en particular.
El bien común solo puede lograrse con el respeto a los derechos humanos, conviviendo en paz y libertad, en un Estado de derecho, con respeto del ordenamiento jurídico, con la salvaguarda del medio ambiente, con la garantía de que todas las personas puedan acceder a los servicios esenciales, que son, al mismo tiempo, derechos humanos; entre otros, alimentación, habitación, empleo, educación, cultura, transporte, salud y recreación. Además, con la contribución que cada país debe aportar, según sus recursos, para el bien común de toda la humanidad.
Es una tarea difícil procurar el bien común, porque exige la búsqueda constante del bien de los demás como si fuera el propio. Pero todos tenemos también derecho de acceder a los beneficios del bien común. Sigue vigente la enseñanza del Papa Pío XI (en la Encíclica Quadragesimo Anno de 1931) diciéndonos que es “necesario que la distribución de los bienes creados se transforme y se ajuste a las normas del bien común y de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuan gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados” (citado en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, No. 167).
Los que ejercen las funciones de gobernar un Estado están obligados a procurar el bien común, no sólo según las preferencias de los gobernantes, sino buscando el bien de todos, sin excluir a ninguno. Para eso se necesitan las instituciones políticas, cuya única finalidad es hacer accesible a las personas las condiciones y los medios necesarios —materiales, culturales, jurídicos, morales, espirituales— para tener todos la oportunidad —real y efectiva— de gozar de una vida digna, plenamente humana. Buscar el bien común debe ser la razón de ser para toda la sociedad política organizada en las asociaciones y partidos políticos y en los organismos de gobierno. Cada Estado debe procurar lograr un amplio consenso entre su población creando las condiciones necesarias para que se pueda alcanzar, con la participación de todos los ciudadanos, el bien común.
Éste, como otros principios, muy importantes para la ética en la vida social, válidos para todas las personas, sean creyentes religiosos o no creyentes —como parte de la ley natural que está en el sentido común de los seres humanos—, están magistral y ampliamente desarrollados en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia publicado por Juan Pablo II en 2004 (sobre “el bien común” ver Nos. 164-170).
Deje su comentario