Adolfo Miranda Sáenz
La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1776, inicia con una afirmación maravillosa: “Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres nacen iguales, dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Pero esa igualdad tan hermosamente declarada en esa gran nación lamentablemente no se cumplía en la realidad. Si al decir que “todos los hombres nacen iguales”, se referían a todas las personas humanas, esa igualdad de “derechos inalienables” fue negada a las mujeres, pues hasta 144 años después, en 1920, tuvieron derecho al voto. Fue negada también a los indios, los habitantes nativos dueños de aquellas tierras que casi fueron exterminados por los colonizadores blancos que declararon aquella independencia; fueron reconocidos como ciudadanos hasta 148 años después, en 1924.
También fueron negados todos sus derechos humanos a los negros, esclavos desde 1619, que siguieron siéndolo después de la independencia, hasta 1885, cuando se abolió la esclavitud; hasta 1994 se les reconoció la igualdad de derechos civiles y hasta 1965 se les reconoció su derecho al voto, 189 años después de aquella hermosa Declaración de Independencia. Pero, realmente, ni las mujeres ni los indios ni los negros obtuvieron una igualdad efectiva a pesar de conseguir tenerla en las leyes. Sufrieron por décadas la discriminación de muchas maneras, y hoy la siguen sufriendo en muchas formas, sobre todo los negros y otros grupos étnicos, como árabes, asiáticos y latinoamericanos de origen predominantemente indígena.
Escogimos a los Estados Unidos para ejemplificar la discriminación porque es un gran país cercano geográfica e históricamente, nuestro principal socio comercial, ampliamente conocido, vinculado a nosotros social y culturalmente, muy admirado y querido por muchas buenas razones. Pero igual podríamos referirnos a la terrible discriminación y explotación histórica de los europeos en América, Asia y África, al apartheid de Sudáfrica, al genocidio nazi contra los judíos, a la segregación de los gobiernos comunistas contra los creyentes, a las confrontaciones entre religiones y a tantas formas de discriminación que ha habido y sigue habiendo en todo el mundo, incluyendo también a nuestra nación. ¿Acaso no hay discriminación entre nosotros?
El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la ONU dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En su Santa Palabra Dios dice que Él no hace diferencia entre una persona y otra (cf. Hechos 10,34). Todos los seres humanos tienen la misma dignidad por ser creados “a su imagen y semejanza” (Génesis 1,26). Al hacerse humano en la encarnación Jesús manifiesta la igual dignidad de todo el género humano. La Palabra de Dios escrita hace más de dos mil años nos dice: “No importa ser judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni varón ni mujer, ya que todos son uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3,28). La dignidad que Dios da a toda persona humana forma parte de la “ley natural”, y es el fundamento de la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos.
Obviamente hay diferencias entre varones y mujeres, empezando por el físico y sus funciones reproductivas. Hay diferencias sicológicas en cada persona. Todos tenemos diferentes cualidades y capacidades, diferentes niveles de inteligencia, diferentes aptitudes y actitudes, diferente dedicación al estudio y al trabajo, cultura, educación y méritos. Por eso, la igualdad no es un “igualitarismo” que elimine nuestra “singularidad”. Nuestro derecho no es a “uniformarnos”, sino a ser reconocidos iguales en dignidad y derechos; tener iguales oportunidades; ser tratados con respeto y poder participar, con una base igualitaria, en la vida cultural, política, social y económica. No debe existir ninguna discriminación por raza, sexo, religión, cultura, ideología, opción política o condición física, social y económica.
El autor es abogado y comentarista de temas políticos y religiosos.
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