La Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) una ampliación de medidas provisionales para 9 presos políticos de Nicaragua por considerar su situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos.
La CIDH considera que las medidas deberán aplicarse para los siguientes reos políticos; Michael Healy, Álvaro Vargas, ambos ejecutivos del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Medardo Mairena, ex precandidato presidencial, Pedro Joaquín Mena, dirigente campesino, a los periodistas Jaime Arellano, y Miguel Mora, como también a político Mauricio Díaz, Max Jerez, y al ex embajador ante la OEA, Edgard Parrales.
Todos ellos, figuras de la oposición ya arrestados en 2022 bajo el contexto de las elecciones presidenciales de noviembre pasado.
El organismo afirma que su situación está “expuesta a ser objetos de violencia, al igual que sus familias quienes pueden sufrir represalias por el simple hecho de demandar justicia”, cita un comunicado.
Durante la vigencia de las medidas, la CIDH recibió informes de la persistencia de eventos que pusieron en riesgo la vida de las personas privadas de libertad e integridad personal, por lo que solicita nuevamente una ampliación.
“La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor de todas las personas identificadas y sus núcleos familiares, según correspondía, tras identificar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad”, señalaron.
Cabe recordar que los reos políticos Edgard Parrales y Mauricio Díaz permanecen bajo arresto domiciliar luego de considerar que su condición de salud era crítica. Mientras que el periodista Jaime Arellano mantuvo casa por cárcel desde inicios de su detención.
En cambio, el resto de personas guardan prisión dentro de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. Sus familiares han denunciado graves tratos que son realizados por autoridades del penal.
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