Los eurodiputados Javier Nart, Soraya Rodríguez y Jordi Cañas solicitaron al Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ejercer presión sobre al menos 14 jueces sandinistas que se han encargado de condenar a los presos políticos en Nicaragua.
En una carta enviada al alto funcionario el pasado 6 de mayo, los parlamentarios dejaron claro que “los jueces deben ser considerados directamente responsables de la represión” en Nicaragua. “Con estas sentencias judiciales ilegítimas contra presos políticos detenidos arbitrariamente, los jueces también se han convertido en responsables de violaciones de los derechos humanos”, detallaron los legisladores.
Entre los judiciales que deberían ser castigados por la UE, según los legisladores, está la juez Nadia Camila Tardencilla, quien condenó a los presos políticos Miguel Mora, Lester Alemán y Max Jerez. También en la lista circula el juez Ángel Jeancarlos Fernández González, quien se encargó de sentenciar a Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, José Antonio Peraza y el empresario financiero Luis Rivas Anduray.
En el último año, y de cara a las elecciones del pasado siete de noviembre, el gobierno de Daniel Ortega orquestó la captura de aproximadamente 40 opositores y disidentes, entre ellos siete ciudadanos que publicaron abiertamente sus aspiraciones presidenciales.
En tanto las autoridades nicaragüenses han reiterado que los condenados “no son presos políticos”. La mayoría han sido juzgados por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “lavado de dinero bienes y activos”.
En la misiva los funcionarios europeos recordaron que las personas encarceladas por razones políticas “están demacradas” como consecuencia de las “torturas, los tratos degradantes y la falta de atención médica en cárceles”, a como lo afirmó Borrell en la última actualización sobre Nicaragua en el marco del Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo 2021.
Los tres eurodiputados coinciden con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en Nicaragua existe “una subyugación del poder judicial y de la Fiscalía, y no se respeta la independencia ni separación de poderes”.
“Esta situación conduce a una mayor criminalización de la disidencia mediante la manipulación del Derecho penal, mientras que no hay garantías de independencia e imparcialidad”, puntualizaron en la carta los legisladores.
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