La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) dijo este martes 19 de abril que deja de existir jurídicamente, pensando en que su personería jurídica sería cancelada en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la sesión en el parlamento fue suspendida.
Mañana – miércoles – la CPDH cumple 45 años de fundación. “Han sido 45 años de lucha permanente. Que nos hemos identificado con el más vulnerable, con los más maltratados, nuestros niños, nuestras mujeres”, expresó el secretario ejecutivo, Marcos Carmona.
El pasado lunes se filtró un documento que corresponde a una solicitud del diputado sandinista Filiberto Rodríguez, para cancelar la representación legal de 25 organizaciones no gubernamentales, incluida la CPDH y Fundación Coen, que pertenece al empresario Piero Coen.
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La CPDH se destacó por recibir denuncias, atender y dar acompañamiento a la ciudadanía durante y luego de las protestas antigubernamentales que suscitaron en abril del año 2018.
Actualmente una de sus abogadas miembro, María Oviedo, se encuentra detenida. Fue declarada culpable por supuestamente “propagar noticias falsas”, y conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, o “traición a la patria”, a como le llama el oficialismo.
En una conferencia de prensa, la CPDH señaló que “la vía jurídica finaliza”, pero de manera individual cada funcionario de la organización “podrá seguir defendiendo los derechos humanos de los nicaragüenses”.
Transmisión cortesía Artículo 66.
“Somos muy respetuoso de la ley. Si nos quitan la personería, no seguiremos trabajando con ese nombre, porque nos exponemos”, refirió Carmona, al ser cuestionado si trabajarán de la misma forma que lo hace el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuya personería fue cancelada en diciembre 2018, y pese a ello, aún emiten pronunciamientos con el mismo nombre.
“Hemos invitado al personal de CPDH que si quieren seguir siendo parte, las puertas están abiertas, pero será a título personal”, manifestó Carmona.
Respecto a los bienes y propiedades del organismo, el secretario ejecutivo está claro que serán confiscados por el Estado, a como han hecho con muchas organizaciones canceladas.
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