Al menos 27 ejecuciones extrajudiciales de personas en situación de pobreza, cometió la policía en Venezuela durante la primera quincena del año 2022, lo cual fue condenado este martes primero de febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo, que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), exhortó al Estado venezolano, controlado por Nicolás Maduro, “investigar, juzgar y sancionar” estos crímenes.
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En un comunicado, la CIDH dijo que “la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección de las personas”.
Según datos recogidos por la OEA, el 80 % de las víctimas eran menores de 25 años y prácticamente todos ellos eran hombres en situación de pobreza que habían sufrido amenazas o intimidaciones.
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
“Estas muertes podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, conforme a estándares interamericanos”, expresó la CIDH, que consideró “preocupante que el Estado venezolano presente gran parte de estas muertes violentas como incidentes”.
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Por ello, el organismo aseveró que las autoridades venezolanas tienen “el deber de iniciar automáticamente y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”. Asimismo, pidió que los agentes de seguridad no “reproduzcan el estigma” de que los jóvenes pobres están “vinculados a la delincuencia”.
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