La Oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dictaminó este martes 14 de diciembre que las elecciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua estuvieron rodeadas de “numerosas irregularidades” y “se impidió participar en ellas a la mayor parte de la oposición”.
El organismo internacional aseguró que en las elecciones, Nicaragua perdió la oportunidad de avanzar “hacia una solución pacífica y democrática de la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde el año 2018”, cuando se registró la insurrección cívica en contra del Gobierno de Daniel Ortega, quien se reeligió el pasado siete de noviembre y alcanzó su cuarto mandato consecutivo.
Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, aseveró que el proceso se observó la “exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses para participar en las elecciones, especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder”.
Nada Al-Nashif.
La ONU habría denunciado previo a las elecciones que entre mayo y octubre fueron detenidos de manera “arbitraria” al menos 39 políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas, líderes campesinos y estudiantiles, y siete aspirantes presidenciales.
“Fueron detenidos en base a disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”, subrayó Al-Nashif, denunciando que 35 de esas personas siguen detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “el nuevo chipote” en Managua.
Por ello, la institución demanda la liberación “inmediata” de todas las personas detenidas por razones políticas en Nicaragua, y restablecerse la personalidad jurídica de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil que la perdieron en los meses antes de los comicios.
Votaciones en Nicaragua se llevaron a cabo el siete de noviembre. FOTO: Radio Corporación.
Ahora, hay que agregar a ocho activistas y periodistas que fueron arrestados durante el fin de semana electoral y en las jornadas posteriores, de los que sólo tres han sido liberados, mientras el resto están también recluidos en régimen de incomunicación.
La oficina destacó además que, estos permanecen en condiciones deplorables. “Suponen un riesgo real para su integridad física y psíquica, y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o incluso llegar a constituir torturas”, afirmó.
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