La mayoría de los presos políticos en Nicaragua cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un beneficio para que el Estado garantice que los reos gocen de buena condición física y psicológica.
Recientemente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuya personería jurídica fue cancelada en diciembre 2018, pidió a la CIDH beneficiar con dichas medidas al exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Edgard Parrales, arrestado hace un par de semanas.
Parrales fue detenido en las afueras de su casa, ubicada en Los Robles, Managua. Es acusado de “incitar a la violencia”.
El exdiplomático era de los pocos ciudadanos que emitía sus opiniones sin temor en medios de comunicación.
El Cenidh solicita medidas cautelares para el analista político con el fin de evitar daños irreparables a sus derechos a la vida e integridad personal.
Según el CENIDH, Parrales Castillo, de 79 años, urge la adopción de medidas cautelares porque no está recibiendo la atención necesaria, ni la alimentación requerida, por lo que las enfermedades que sufre podrían llegar incluso a causarle la muerte.
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