La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (REDESCA), expresan su preocupación por la escasez de información pública sobre la pandemia en Nicaragua por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
Cabe destacar que, el organismo señaló en su comunicado que “de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano, las muertes atribuidas a COVID-19 oscilarían entre 190 o 200 por semana, contrariamente a lo indicado por el Ministerio de Salud (MINSA), que reporta una persona fallecida semanalmente”.
Por lo tanto, la CIDH y la REDESCA reiteran que la falta de adopción de medidas y acciones conforme a las recomendaciones de organizaciones internacionales especializadas en salud pública, en relación con el COVID-19, podrían poner en riesgo la vida, la salud y la integridad de sectores importante de la población.
Del mismo modo, hacen un llamado “al Estado a tomar acciones concretas para prevenir el contagio masivo del virus especialmente acelerando los procesos de vacunación, toda vez que esta es la herramienta que mayores oportunidades brinda para detener el contagio del virus”.
Además, reiteran que “la obligación del Estado es permitir y asegurar el acceso de las personas a la información pública, la cual adquiere especial relevancia en condiciones que dicha información supone herramientas para el ejercicio de los derechos a la salud, a la integridad y, eventualmente a la vida, en la actual situación de pandemia global”.
La Comisión y la REDESCA puntualizan que los “organizaciones de la sociedad civil, han registrado el continuo llamado por parte de autoridades del Estado a actividades de concentración masiva, sin medidas de precaución, desde reuniones partidarias, hasta celebraciones diversas y actividades de entretenimiento”.
“Se tiene registro que en lo más reciente llamados públicos realizados por el gobierno nacional, no se incluyen las medidas de distanciamiento social ni se orienta una cuarentena voluntaria, lo que resulta especialmente preocupante dado el alto grado de contagios que se viene registrando por organizaciones de la sociedad civil y otros actores”, manifestó.
Por su parte, las organizaciones muestran preocupación por la situación en el país, ya que “los índices de vacunación se encuentran muy bajos en comparación con otros países de la región”.
“Si bien se tiene conocimiento que Nicaragua se encuentra con la capacidad instalada para vacunar, como mínimo, a 150,000 personas al día, de acuerdo con información pública la presente campaña de vacunación no estaría cumpliendo con estas expectativas. en este sentido, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Nicaragua tiene una de las tasas de vacunación más bajas de Latinoamérica, hasta mediados de noviembre solo el 7.38 % de la población había completado el esquema de vacunación”, indican en el comunicado.
La CIDH y la REDESCA también reiteran su preocupación sobre la situación de las personas trabajadoras y profesionales del sector de la salud.
Asimismo, la Comisión y la Relatoría Especial DESCA han tomado conocimiento de los continuos actos de hostigamiento, acoso y persecución en contra de las personas trabajadoras del sector de la salud, como consecuencia de la realización de su trabajo. En tal sentido, reiteran su condena a los actos perpetrados y urgen al Estado nicaragüense a cesar inmediatamente estas acciones, como a la protección efectiva de las personas profesionales de la salud.
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