Organismos defensores de derechos humanos de Nicaragua, durante audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada el sábado en Washington, expusieron una serie de violaciones a la libre expresión, libertad de prensa y acceso a la información en nuestro país. El Estado estuvo ausente.
Directivos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) denunciaron la campaña difamatoria y de amenazas en contra de las defensoras de derechos humanos Vilma Núñez y Lottie Cunningham.
El director de Esta Semana y Confidencial, Carlos Fernando Chamorro Barrios, denunció que “desde que el FSLN regresó al poder en 2007 se estableció una política de bloqueo al flujo y libre acceso a la información, violando la Constitución”.
Escuchemos a Carlos Fernando Chamorro, director de Esta Semana y Confidencial:
[su_audio url=”http://radio-corporacion.com/wp-content/uploads/2017/03/Carlos-Fernando-Chamorro.mp3″]
Directivos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos piden a la CIDH que demande al Gobierno de Ortega el cese de manera inmediata a la campaña de injurias y persecución hacia las defensoras “y recordarle que tiene el deber de proteger sus vidas e integridad personal”. Así lo dio a conocer el director del Cenidh, Mauro Ampié.
Solicitó a la comisión que realice una visita a Nicaragua, para que constate las violaciones a la libertad de expresión expuestas.
Escuchemos al director del Cenidh, Mauro Ampié:
[su_audio url=”http://radio-corporacion.com/wp-content/uploads/2017/03/Mauro-Ampie.mp3″]
Soy nicaragüense exiliado en Australia desde 1986. Cuando salí de mi país prometí que un día volvería; antes de mi regreso me prepararía aprendiendo de los sistemas anglosajones que dominan el globo terráqueo políticamente. Ahora ha llegado el momento de relucir con la situación actual política de Nicaragua. He empezado con mi participación en los medios de noticias y con altas figuras políticas entre ellas Daniel Ortega ‘Institucionalidad Transparente’ una página en Facebook.
Hoy me refiero a las denuncias del señor Carlos Fernando Chamorro
Barrios, director de ‘CONFIDENCIAL’ y ‘SEMANA’; si él, como periodista
profesional y experimentado, hace denuncias en el extranjero contra el gobierno de Nicaragua buscando o clamando por Justicia, puede ser interpretado como una “acción de mala fe”. Sí estimados colegas ‘defensores de derechos humanos’. Esas denuncias carecen de egalidad y no pueden ser usadas para demostrar que los ‘Derechos Humanos’ son violados por entidades gubernamentales. Hermanos organismos foráneos no traerán soluciones políticas a nuestra nación. Somos los nicaragüenses los responsables para lograrlo; pero, utilizando los mecanismos legales creados y aprobados en la Cn. P. de N.
Ejemplo, si una empresa viola los términos de un contrato comercial
internacional ¿Dónde interpondrán un recurso legal para recuperar las daños ocasionados y compensación correspondiente? ¿Sería correcto iniciar sus demandas legales ante una Corte Internacional sin antes haber reclamado sus derechos legales en las Cortes establecidas en el país? Sentido común, esas denuncias ante la CIDH no tendrán éxito contra Daniel Ortega.
El comentario del Sr. Carlos M Alvarado es posible que sea equivocado porque es especulativo no tiene convicción. Sin embargo, observo algo anómalo en las acciones de los colegas
defensores de derechos humanos. Un miembro de las organizaciones citadas en el artículo arriba, no tienen conocimiento que es lo que identifica a un ‘defensor de derechos humanos’. Cada organización defensora de derechos humanos debe ser apolítica. Cada partido político tendrá su vocero especial que comunique todo lo que sea concerniente a violaciones en
aspecto político; estas organizaciones que interpusieron denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, relacionado a asuntos políticos no tienen jurisdicción para esa clase de denuncias. Por ejemplo, ellos pueden hacer denuncias cuando golpean a alguien por hacer reclamos en servicios sociales, o que sea detenido o resulte preso sin la intervención de una Corte, etc.; pero no tienen jurisdicción para denunciar que el gobierno niegue ‘personería jurídica a grupos político’.
Todos estos grupejos de la industria de los derechos humanos son pagados por el State Department, la Embajada USA en Managua y y el Endowment for democracy, todos asociados a la CIA y las manipulaciones para cambio de los regimenes que ellos no desean…todos estos nicaraguneses en estas organizaciones son traidores.